‘Lobbies’, más que palabras

La Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales ha recordado por cuarto año consecutivo a los miembros del Parlamento su obligación de informar sobre sus contactos con representantes de grupos de interés —popularmente conocidos como lobbies, por el término inglés de pasillo—, una medida adoptada en 2020 tras las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Los avisos han sido más enérgicos cada año conforme pasaba el tiempo sin que sus señorías hayan seguido las exigencias de la Oficina.

En 2024, solo uno de cada cuatro senadores había hecho pública su agenda completa. En el Congreso, la cifra era aún más reducida: uno de cada siete. El problema fundamental es que, a falta de un desarrollo reglamentario que penalice a los parlamentarios que no cumplan con su obligación, lo que debería ser una exigencia se convierte, en la práctica, en una recomendación.

La falta de acción real en España contrasta con otras cámaras europeas, empezando por el propio Parlamento Europeo, que desde hace más de una década obliga a publicar todos los contactos de los eurodiputados en sus despachos.

Hace apenas unas semanas el Gobierno presentó un proyecto para regular los lobbies y su relación con los altos cargos del Ejecutivo y el personal de confianza. Es la tercera vez que lo hace: dos proyectos presentados la anterior legislatura decayeron sin llegar a prosperar. Según las proyecciones del Ministerio de Transformación Digital, el número de profesionales del lobby en España puede ascender a 28.000 personas, sin contar con sindicatos, patronales y colegios profesionales.

Puede ser difícil extirpar de la política española la mentalidad de reservado de restaurante, la borrosa línea entre lo público y lo privado que ha caracterizado la actividad de algunos diputados y senadores prácticamente desde el principio de nuestra vida parlamentaria, pero los votantes merecen saber a quiénes escuchan sus representantes. Y no solo en las instalaciones del Congreso y el Senado. Es evidente que las Cortes necesitan aprobar medidas más robustas para garantizar mejor la transparencia en el proceso legislativo. Hasta que ese día llegue, los políticos siguen teniendo una obligación que cumplir: rendir cuentas de lo que hacen como políticos.