Rubiales en el banquillo

El juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y contra tres ex altos cargos de la misma por el beso no consentido del primero a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y por las supuestas coacciones posteriores a la jugadora quedó este viernes visto para sentencia. Ese fallo, contra el que cabrá el correspondiente recurso, fijará la verdad judicial de unos hechos que han empañado para siempre la memoria de un éxito histórico del deporte español, convertido por la prepotencia de Rubiales en un escándalo internacional. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones y de 18 meses para cada uno de los otros tres acusados por este último cargo. Las defensas solicitan la absolución de los cuatro.

Independientemente de la sentencia, la vista oral ha evidenciado todos los defectos que han corroído durante años la gestión del fútbol español y que, en parte, lo siguen haciendo. Rubiales mostró en su declaración todos los clichés del peor machismo. Más allá del consentimiento en el beso —algo que Hermoso ha negado con rotundidad desde el primer momento— los hechos conocidos entonces y las declaraciones de más de una docena de testigos han mostrado que la RFEF activó toda su maquinaria de poder con el único objetivo de salvar a Rubiales, sin pensar en ningún momento en apoyar a la delantera. Así, la cúpula de la federación ocultó a Hermoso y a sus compañeras que existía un protocolo interno para los casos de abuso sexual aprobado menos de dos meses antes del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El contraste entre el ejemplo que dentro y fuera del terreno de juego dieron y siguen dando las jugadoras y la actitud intimidatoria de quienes entonces eran sus jefes no puede ser mayor.

La red de presiones a Hermoso fue el símbolo de la situación terminal de una entidad clientelar de la que dependen no solo las selecciones que representan a España en el mayor deporte del mundo sino un negocio multimillonario. Han pasado 17 meses desde la dimisión de Rubiales, pero la RFEF no ha dado un solo paso de calado para salir del bochorno en el que está sumida desde la final de Sídney.

El último escándalo lo vivió en diciembre con la elección por aplastante mayoría como presidente de Rafael Louzán pese su condena a siete años de inhabilitación para ocupar un cargo público por prevaricación. El Tribunal Supremo estimó la semana pasada el recurso de Louzán contra dicha condena. El mandatario federativo cuenta así con la legitimidad judicial para seguir en el cargo, pero junto a ella tiene también la responsabilidad de abordar la imprescindible renovación de unas estructuras que no dan más de sí. En su mano está, entre otras cuestiones, avanzar de una vez por todas hacia una mayor igualdad de género en los órganos federativos, tal y como fija la Ley del Deporte, en vigor desde hace más de dos años. La Federación lo es tanto del fútbol masculino como del femenino y esto último debe tener su pertinente reflejo al máximo nivel.

El fútbol español —sus equipos y selecciones, hombres y mujeres— juega en la primera división internacional. Ese escaparate será todavía mayor en el Mundial de 2030, que se celebra en España, Portugal y Marruecos. Mucho antes de esa fecha, la RFEF debe haber acabado con un estado de cosas que la valentía de las futbolistas sacó a la luz e hizo definitivamente intolerable.