Lo nuestro es puro teatro

El decreto ómnibus no se podía trocear, hasta que de repente sí. Los decretos ómnibus son de dudosa calidad democrática, salvo cuando los hacemos nosotros. Las concesiones son mínimas, aunque la semana pasada eran inaceptables. La vicepresidenta Díaz pedía al presidente del Gobierno que presentara el decreto tal cual estaba y la vicepresidenta Díaz celebró que la protección social quedara garantizada aunque el decreto fuera distinto. El presidente del Gobierno declaró “voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras” y qué suerte tuvo que los encontró en la primera que levantó (y luego, parece, en la que no quiso levantar): “Las dificultades son las que son. Este Gobierno suda la camiseta. No da un partido por perdido”, aclaró futbolístico. “El decreto ley es un todo”, dijo el ministro Bolaños y más tarde festejaba sinecdóquico “el decreto ley de escudo social”, que incluía solo una parte. El PP y el PSOE están de acuerdo incluso o sobre todo en premisas discutibles: en vez de agilizar los trámites para echar a los okupas y ofrecer vivienda digna a las familias vulnerables, la solución es socializar las pérdidas; hay que actualizar las pensiones conforme al IPC o por encima y el que proteste no tiene abuela ni corazón; las ayudas temporales al transporte público deben ser para siempre y para todos al margen de la renta.

Es cierto que la concesión a Junts del Gobierno tampoco es para tanto: poco más que una humillación, porque aceptamos el engaño permanente y celebramos la astucia del que nos resulte más cercano. En las políticas hay más consenso y menos margen del que parece, las negociaciones se solucionan porque el dinero público no es de nadie y el europeo del que manda, y se discute con mucho énfasis de lo simbólico y los límites constitucionales: de lo que más polariza y de las reglas del juego. La moción de confianza es una atribución del presidente del Gobierno, que plantearía la cuestión tras deliberar con el Consejo de Ministros, y, como explicaba Ana Carmona, es absurdo pretender que se someta a un trámite parlamentario que, según la Constitución, solo él puede poner en marcha. Es tan inconstitucional como un referéndum de autodeterminación en Cataluña, declaró el ministro López: todos nos quedamos más tranquilos. Se trata de un juego de bromas que no se sabe bien cómo termina, ha dicho el catedrático de Derecho Constitucional Eloy García. ¿La cesión de competencias en inmigración o el procedimiento de la moción de confianza no son constitucionales? Todavía no. Pero quién sabe. Y, sobre todo, ¿a quién le importa?