Nuevo CGPJ, misma conducta

El gobierno de los jueces se renovó hace medio año por acuerdo de las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias, que se repartieron a partes iguales el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): 10 vocales a propuesta del Ejecutivo de coalición y 10 designados por el Partido Popular. Con ese pacto, alcanzado en plena refriega política, parecía terminar una situación perversa provocada por cinco años de bloqueo del PP, que así logró mantener la hegemonía conservadora en los órganos judiciales clave desde al menos 2018, fecha en la que expiró el mandato del anterior CGPJ. Sin embargo, la experiencia de estos meses de funcionamiento del nuevo vaticina lo contrario.

Por un lado, había 126 cargos judiciales pendientes de cubrir debido al veto legal que impedía hacer nombramientos a un CGPJ con el mandato caducado. Pues bien, ese centenar de cargos sigue sin cubrirse pese a que las plazas están convocadas desde septiembre. El trabajo administrativo está hecho; el trabajo político para favorecer el consenso sigue empantanado. Por otro lado, los 10 vocales designados por el PP vetan poner al mando de la sala de lo penal del Supremo —la que investiga y juzga la corrupción de los políticos— a magistrados progresistas, para lo que haría falta una mayoría de tres quintos. Así, tres salas clave del alto tribunal con la presidencia vacante siguen sin acuerdo.

A la nueva situación de bloqueo contribuye además un debate doctrinal sobre cómo aplicar la vigente ley de paridad, que establece que ningún género puede tener una representación inferior al 40% en los órganos directivos de las grandes empresas y de la Administración del Estado. Los conservadores —que solo han propuesto hombres como candidatos para presidir las citadas tres salas— sostienen que hay que aplicarla en el conjunto de los nombramientos, lo cual podría terminar relegando a las mujeres a los puestos de menor poder y representación. Los progresistas, por su parte, defienden que la paridad debe cumplirse en cada tipo de órgano. Se trata de una controversia que solo demuestra cómo la derecha judicial trata de mantener el poder que atesora desde hace, al menos, 25 años en el Gobierno de los jueces por la vía de usar su capacidad de bloqueo para tratar de evitar que magistrados de otra tendencia ideológica puedan ocupar cargos destacados en los tribunales.

La que perpetúa este comportamiento es la misma derecha que defiende un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Su pretensión es que sean los jueces quienes los elijan directamente, sin intervención de las Cortes. Paradójicamente, esa misma derecha no reivindicó tal cambio cuando gobernó el PP con mayoría absoluta.

El acuerdo alcanzado en junio pasado entre PP y PSOE incluía que el nuevo CGPJ elaborase en el plazo de seis meses una propuesta de reforma del sistema de elección de sus vocales. Esa propuesta debe ser aprobada antes del próximo 6 de febrero por una mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros del pleno). Todo apunta a que el trabajo no podrá presentarse en el plazo comprometido debido a la falta de entendimiento entre los dos bandos.

En definitiva, estamos ante un Consejo General del Poder Judicial renovado, sí, pero con los mismos comportamientos que contribuyeron durante años a su desprestigio. El suspenso en el primer semestre de funcionamiento es inquietante. La Justicia, que además de independiente debe ser imparcial, no puede seguir más tiempo bloqueada por intereses de parte.