Garantizar la educación a los niños gitanos

El primer registro documental de la llegada de los gitanos a España data de 1425, cuando el rey Alfonso V de Aragón concedió un salvoconducto al llamado conde Juan de Egipto Menor y a su comitiva camino de Santiago de Compostela. En conmemoración del sexto centenario de la efeméride, el Gobierno ha calificado 2025 como el Año del Pueblo Gitano.

Pero basta poner la mirada en la educación de los niños gitanos y en la demoledora cifra de que un 62,8% de ellos deja sus estudios antes de superar la ESO (el llamado abandono escolar temprano) frente al 4% del conjunto de la población para darse cuenta de que, de las muchas tareas que España tiene pendientes respecto a esa comunidad —más de 700.000 españoles en la actualidad—, la de la educación es posiblemente la más importante.

Lo dramático de la cifra no solo es su escala, sino que muestra una evolución opuesta al del conjunto de la sociedad. Si en 2023 la tasa de abandono escolar (el no terminar toda clase de estudios, obligatorios o no) entre la población en general se había reducido prácticamente a la mitad con respecto a 10 años antes —del 23,6% al 13,6%, según el Instituto Nacional de Estadística—, entre la población gitana había crecido casi 25 puntos porcentuales hasta llegar a un 86%.

El mismo estudio indica que hay aspectos en los que sí ha habido un progreso: el porcentaje de la población gitana sin ninguna clase de estudios se ha reducido a la mitad. Aun así, solo un 0,4% tiene algún nivel de educación superior.

En la raíz del problema está la exclusión social que vive la inmensa mayoría de la comunidad, muy superior a la media. Un 86% de los gitanos españoles son pobres. Esto no solo dificulta su acceso a la educación infantil no obligatoria (base para familiarizarse con la escuela), sino que también lleva al desconocimiento de las herramientas que podrían mitigar esta exclusión.

Igualmente problemática es la concentración del alumnado gitano en centros concretos: uno de cada tres estudiantes gitanos estudia en centros que la FSG denomina “segregados” —aquellos en los que suponen más de un 31% del total— y, de los que van a clase en estos últimos, la mayoría lo hace en centros de “segregación extrema” (más de un 61%). El crecimiento de la escuela concertada y de la libertad de elección de centro en la pública no ha hecho sino agravar la situación. A esto hay que sumarle la convicción por parte de algunas familias gitanas —por desconocimiento, estigma o malas experiencias— de que la educación reglada no tiene nada que ofrecerles.

Es responsabilidad de las autoridades españolas combatir la desigualdad, corregir la discriminación y garantizar que se cumplen los derechos de sus ciudadanos. Y todos los caminos hacia ese objetivo empiezan en la educación.