Claridad con los costes de la jubilación

Apenas horas antes del plazo que el Gobierno se había autoimpuesto, los agentes sociales y el Ejecutivo anunciaron el miércoles un acuerdo para la reforma de las jubilaciones cuyo objetivo principal, según sus promotores, es facilitar aún más la capacidad de los trabajadores de hacer compatible la actividad remunerada y la pensión que les correspondería por edad o tiempo trabajado. El compromiso también quiere resolver los problemas específicos de algunas profesiones que, por su especial dureza, impiden una vida laboral prolongada, así como transferir algunas competencias a las mutuas de trabajo y accidentes sin perjudicar el derecho de los trabajadores a la salud. Siempre es de celebrar que el diálogo social se mantenga en buena forma y capaz de sacar adelante soluciones, pese a las tensiones de los últimos años.

El envejecimiento va a ser probablemente, junto al cambio climático, el principal desafío de la economía española durante las próximas décadas. Las proyecciones indican que en 2050 uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. El sistema de pensiones tendrá que funcionar con una proporción entre jubilados y trabajadores muy por encima de la actual.

Para animar a los españoles a seguir trabajando después de la jubilación, el Gobierno ha apostado por las fórmulas del retiro parcial y activo, que permite cobrar, además del salario, la pensión que les correspondería, añadiendo incluso una cuantía extra. Aunque el número de adheridos a estas fórmulas sigue siendo muy modesto —según las estadísticas de la EPA, en 2023 solo 184.900 jubilados mayores de 50 años, un 4,8% del total, seguía trabajando seis meses después de cobrar su primera pensión— el Ejecutivo quiere insistir en ellas, en línea con lo que ocurre en el resto de Europa.

El problema que tienen estas fórmulas, especialmente la jubilación parcial, es lo que cuestan. Y no hay ninguna señal que indique que la solución a la que han llegado los agentes sociales se ajuste a la rebaja en el gasto en pensiones en el futuro que España está obligada a cumplir. Es más, preocupa especialmente que en la presentación del acuerdo el Gobierno haya remitido a otro momento las estimaciones del coste de las medidas. Es imperativo tener todos los datos lo antes posible para valorar el pacto en toda su complejidad.

Es indudable que el Estado hace bien en fomentar la actividad de los trabajadores mayores, no solo por los beneficios que aportan a la economía española, sino también para no desperdiciar un talento profesional deseoso de seguir contribuyendo. Sin embargo, no puede hacerlo agravando una situación de gasto creciente. Si queremos evitar la sensación de que España vuelve, una vez más, a cargar la cuenta de las jubilaciones a las generaciones futuras, el Gobierno debería aclararlo.