Trump, por encima de la ley

El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó este lunes una sentencia que concede una amplia inmunidad a los presidentes de ese país para situarse por encima de la ley al desempeñar su cargo. Los seis jueces conservadores del tribunal, tres de ellos nombrados por Donald Trump, han estimado un recurso en el que el expresidente reclamaba inmunidad penal por los actos de su presidencia. La sentencia concede “inmunidad absoluta” a los presidentes por los actos realizados en ejercicio de las principales funciones constitucionales y reconoce “inmunidad presunta” por todos sus actos oficiales, entendiendo como tales todos en los que no se exceda de forma manifiesta en su autoridad. El alto tribunal elabora su doctrina sin ninguna base histórica o constitucional de la que asirse. Richard Nixon, único precedente de un presidente que estuvo cerca de ser imputado, recibió el perdón de su sucesor, Gerald Ford, en una admisión implícita de que no gozaba de inmunidad.

La tesis del Supremo afirma que si los actos oficiales de un presidente pudieran someterse a investigación penal cuando deje el cargo, se erosionaría la independencia del Poder Ejecutivo. Pero ningún presidente ha necesitado la inmunidad para ejercer el cargo hasta ahora. Y disponer de ella es una invitación a que la persona más poderosa del mundo se salte la ley. Las tres juezas progresistas del Tribunal Supremo han alertado de los “escenarios de pesadilla” que se convierten en posibilidades con la nueva doctrina: un presidente podría ordenar a las fuerzas especiales asesinar a un rival político, organizar un golpe militar para aferrarse al poder o recibir sobornos a cambio de un indulto.

El Tribunal ha dictado este curso varias sentencias que benefician a Trump. El efecto inmediato de la última tiene que ver con un delito cometido cuando aún no era presidente y del que ya fue declarado culpable por el jurado: el caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Ayer la Fiscalía aceptó aplazar la sentencia, prevista para el 11 de julio, para que el juez pueda sopesar el dictamen del Supremo. Con toda probabilidad, además, Trump no podrá ser juzgado antes de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre por sus intentos de alterar los comicios de 2020. La sentencia sobre la inmunidad no lo hace del todo imposible, pero dificulta enormemente que prospere la acusación.

Más preocupante aún que ese efecto procesal son las consecuencias para un hipotético futuro mandato de Trump o de cualquier otro presidente que no se sienta obligado por la ley. Con la sentencia del Supremo en la mano, la naturaleza de la Presidencia de EE UU ha cambiado. Quien la ostente ha pasado a ser “un rey por encima de la ley”, como dice el voto particular. Donald Trump, que ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes y ha amenazado con vengarse de sus rivales políticos, aspira a ser ese rey absoluto, no ya inmune, sino impune.