Netanyahu, como Putin

Las órdenes de detención están sobre la mesa del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), el jurista británico Karim Khan. Son crímenes de guerra los investigados por el tribunal creado por el Estatuto de Roma de 1998, al que 124 países están adheridos. El sospechoso más notable es Benjamin Netanyahu, pero no el único. Por el lado israelí están también su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe militar, Herzi Halevi. Por el palestino, los dirigentes militares de Hamás.

Siendo numerosos los crímenes, el fiscal tiene donde escoger para empezar. Como ha hecho con Putin, sometido también a una orden de detención internacional, se ha centrado allí donde hay mayor urgencia. En el caso del presidente ruso, es el secuestro de niños ucranianos. En el del primer ministro israelí, la estrategia de privación de alimentos, agua y suministros sanitarios a Gaza. Las matanzas de civiles, los bombardeos indiscriminados y otras atrocidades quedarán para más adelante.

El fiscal del TPI pretende presionar a Israel para que facilite la entrada de tanta ayuda humanitaria como se precise, ahora todavía muy restringida a pesar de la relajación que siguió a la matanza de los siete cooperantes de World Central Kitchen, la organización del chef José Andrés. También los jueces del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), dependiente de Naciones Unidas, acaban de reconvenir por tercera vez a Israel para que garantice los suministros, en una resolución que rechaza las acusaciones contra Alemania por complicidad con el delito de genocidio que Sudáfrica ha denunciado.

El TPI dicta sentencias contra individuos, pero el TIJ dirime diferencias entre estados socios de Naciones Unidas, en este caso sobre la Convención sobre el Genocidio. Solo las primeras comportan cárcel, mientras que las segundas consisten en arbitrajes o medidas cautelares, como las impuestas ahora para aliviar el cerco sobre Gaza. Su cumplimiento queda en manos del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene derecho de veto. Israel firmó la Convención sobre Genocidio, pero no el Estatuto del TPI, cuyas órdenes no piensa cumplir y que su primer ministro ha tachado de “crímenes de odio antisemitas”.

Aunque no reconoce la jurisdicción del TPI, la Casa Blanca aplaudió la orden de detención contra Putin, pero se ha limitado a recordar su posición contraria a la justicia penal internacional en el caso de Netanyahu. Todos sus esfuerzos se concentran en la obtención de una nueva tregua a cambio de la liberación de otro grupo de rehenes. Tanto la ofensiva sobre Rafah como las órdenes de detención harían descarrilar esta oportunidad para la paz en la que trabaja Estados Unidos. Con tregua o sin ella, no es seguro que Netanyahu pueda cumplir su propósito de atacar Rafah. Cuando el fiscal Khan firme la orden de detención, en cambio, seguro que se le hará más difícil desplazarse por el mundo, exactamente igual que le sucede a Putin.