Toque de atención del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) certificó ayer la buena salud de la economía en España, que contrasta con el estancamiento del conjunto de la zona euro. El organismo con sede en Washington ha elevado su previsión de crecimiento para 2024 hasta el 1,9%, aproximándolo a las proyecciones del Gobierno. En el trabajo preliminar de su tradicional Artículo IV sobre España —el documento donde analiza el desempeño y los riesgos económicos de los países— el Fondo destaca el fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares, el vigor del mercado laboral y la solidez de las exportaciones y el turismo como los principales motores que impulsan la economía del país. La inflación, además, sigue deshinchándose y descendiendo “drásticamente” hacia el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Ese avance se produce, además, en un contexto gris para el conjunto de la zona euro, que encara otro año perdido por la parálisis de Alemania.

Sin embargo, España afronta retos de primera magnitud para mantener esa senda a medio plazo. El primero pasa por el saneamiento de sus cuentas públicas después del enorme y necesario esfuerzo fiscal realizado en los últimos tres años para salvar a empresas y trabajadores de los golpes asestados por la pandemia y la crisis energética. El segundo, por mantener el ritmo en la agenda que han instaurado los fondos europeos, que llevan asociadas reformas en ámbitos clave como la fiscalidad, el mercado laboral o las pensiones. Ahí el Fondo acierta a señalar uno de los principales riesgos que corre España: “Una fragmentación política interna prolongada”, apunta el FMI, “podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal, lo que eventualmente podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, particularmente si las condiciones financieras se endurecieran”.

Hace lustros que la fragmentación política se instaló en varios países de la Unión Europea. Y España ya no es una excepción. En la legislatura pasada, la necesidad de alcanzar pactos con varias fuerzas no impidió cerrar reformas de calado. Este enero, sin embargo, la falta de acuerdo con Podemos, uno de los partidos que dio la investidura a Pedro Sánchez, encarnó la fragilidad parlamentaria que soporta el Gobierno y tumbó la reforma de los subsidios de paro, de la que dependía la obtención íntegra del cuarto desembolso de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros. Además, la entrada en un ciclo electoral que acaba en junio y la competencia entre varios de sus socios ha implicado que el Ejecutivo renunciara a contar con unos Presupuestos que faciliten la consecución de los objetivos de reducción de déficit y deuda.

Una mayor atomización del Parlamento tiene varias respuestas. Una está en Portugal, otro de los grandes beneficiados por los fondos europeos de recuperación. Allí el centroderecha —ganador en minoría en las elecciones de marzo— se ha aproximado a la oposición socialdemócrata asumiendo más de una treintena de sus propuestas. En España, en cambio, el Ejecutivo se enfrenta a una oposición que puede poner en jaque la consecución de fondos europeos en un momento crucial, con los tipos de interés todavía en niveles máximos desde comienzos de la década de 2000 y con Alemania en situación de estancamiento. El FMI da un aviso certero: si el Gobierno no logra cumplir sus compromisos con Bruselas, para los que requiere de la mayoría parlamentaria, está en peligro el sólido crecimiento que hoy aplauden todos los organismos internacionales.