Tensión en las cárceles catalanas

Los funcionarios de prisiones catalanes han impulsado protestas sin precedentes ante un hecho que tampoco tiene precedentes en la historia reciente de España: la muerte de un trabajador penitenciario a manos de un interno. El asesinato de Nuria López, cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona), ha desatado la ira contenida de unos trabajadores que llevan meses alertando sobre la creciente sensación de inseguridad en los centros penitenciarios. Una sensación que se compadece con la realidad, pues las agresiones han ido en aumento en los últimos años, en parte como consecuencia de los efectos en la salud mental de los internos del confinamiento al que obligó la covid.

Cuatro años después de la pandemia, miles de presos han vuelto a experimentar estos días aquel confinamiento forzoso. El bloqueo de los accesos a las cárceles catalanas ha obligado a encerrarlos en sus celdas por falta de personal para garantizar la seguridad de todos. Una situación insostenible en el tiempo, que pone en peligro no solo la convivencia en las cárceles, sino también los derechos de los internos y sus oportunidades de reinserción. Los trabajadores dieron ayer una tregua, pero no descartan volver a las protestas.

La Generalitat tiene la competencia exclusiva de las cárceles y la situación cogió por sorpresa a un Govern en retirada —más pendiente del adelanto electoral que de la gestión pública—. La reacción inicial mostró desajustes evidentes entre Justicia, que exigía efectivos policiales para evitar los bloqueos, e Interior, que en los primeros compases se puso de perfil y solo el viernes evitó las acciones de los funcionarios que habían obligado a encerrar a los presos en sus celdas en una cárcel, la de Quatre Camins. Sin carné de partido, la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, parecía navegar en solitario ante un conflicto que pone contra las cuerdas a Esquerra Republicana a menos de dos meses de las elecciones autonómicas. La demostración de fuerza de los funcionarios de prisiones es un pulso que no ha zanjado con éxito una crisis que puede poner al rojo vivo las cárceles catalanas.

Los funcionarios de prisiones se han organizado a través de un movimiento que trasciende a los sindicatos tradicionales, que, sin embargo, siguen siendo los representantes legales de los trabajadores y parte esencial para resolver el conflicto. Su rechazo a sentarse en la mesa de negociación con Justicia es un error clamoroso. Sobre todo cuando la consejera Ubasart ha lanzado reiteradas ofertas de diálogo. Los sindicatos piden como condición para hablar la dimisión de un alto cargo de Justicia, Amand Calderó, que personifica el modelo penitenciario catalán, caracterizado por su énfasis en las políticas de rehabilitación y reinserción. Lo que en el fondo se está discutiendo es el alcance y límites de ese modelo. Los funcionarios sostienen que los protocolos e instrucciones, cada vez más restrictivos para desarrollar su trabajo, les han llevado a perder autoridad ante los presos, que se sienten empoderados para realizar acciones cada vez más violentas.

Ese camino es el que, según muchos de ellos, ha llevado al asesinato de Nuria. El Govern tiene que escuchar a un sector lastrado por una evidente falta de personal que trabaja con una realidad compleja y difícil, la de las prisiones, que a menudo permanece oculta a la opinión pública. Pero de la misma forma que tiene que escuchar unas reivindicaciones laborales legítimas, ni la Generalitat ni ninguna otra Administración puede renunciar a las políticas de reinserción de presos.