Sequía, toros y cuentos de hadas

Desde 1988, la comunidad científica —ampliamente representada en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)— ha venido alertando, cada vez con mayor contundencia , sobre las causas y las consecuencias del progresivo aumento de las temperaturas. Las grandes multinacionales del petróleo, así como los gobiernos de los países productores de hidrocarburos, han conseguido retrasar las respuestas ante el desafío del cambio climático, cuyos graves efectos afectan en particular a los países más desfavorecidos y a los ciudadanos más vulnerables.

Ante la emergencia climática, resulta por tanto muy urgente acometer la descarbonización del modelo energético, así como hacer frente a las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las que destaca la mayor intensidad y frecuencia de los periodos de sequía, en España y en muchos otros países. La sequía ha entrado en el debate político: y es importante compartir información rigurosa, a la vista de algunas reacciones. Sin duda, la más esperpéntica ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, asociando la sequía en Cataluña con el cierre de las plazas de toros... posiblemente desconociendo la gravedad de la sequía en Andalucía, donde la tauromaquia se ve reforzada por el Gobierno del PP y el entusiasmo de Vox. Lo anterior no pasa de ser otro ataque de Ayuso contra el “sanchismo” por sus pactos con el independentismo; lo más preocupante son algunas convicciones sobre la gestión del agua que todavía sobreviven.

Por ejemplo, ante la sequía se reclaman más embalses, a pesar del elevado número de presas que existen en España, así como de la evidencia de la escasísima agua almacenada en la actualidad. Esto último no es solo la consecuencia de la sequía, sino también de cómo se han gestionado esos recursos durante las últimas décadas. En épocas relativamente recientes se han llevado a cabo importantes inversiones para aumentar la eficiencia en los regadíos y para reducir pérdidas en abastecimientos urbanos; pero tales avances se han visto neutralizados por el incremento en las hectáreas de regadío, así como en los usos recreativos del agua. Esto significa que el consumo total de los recursos hídricos ha seguido aumentando, mientras las precipitaciones disminuían y se agravaba la sobreexplotación y la contaminación de los acuíferos.

Precisamente la planificación hidrológica de las diferentes cuencas, aprobada por el Gobierno en 2023 conforme a las exigencias europeas, contempla actuaciones concretas para garantizar la disponibilidad efectiva de agua en cantidad y en calidad, a partir de una mejor gestión de la demanda, integrando la perspectiva de los efectos del calentamiento global.

De poco serviría construir más embalses sin corregir las deficiencias señaladas; sería —como dice el relator de Naciones Unidas para el derecho al agua, Pedro Arrojo— pretender aumentar el agua disponible por el simple incremento de la capacidad de almacenamiento: el equivalente, según Arrojo, a creer que se resuelve la pobreza regalando monederos vacíos.

Lo mismo cabe decir con otra de las propuestas que renacen cada vez que hay sequía: la solución, dicen algunos, está en conectar las cuencas “en las que sobra agua“ con aquellas “en las que falta”, mediante trasvases adicionales a los ya existentes, a pesar de que la sequía afecta a todo el territorio; y, cuando, además, en aplicación de la legislación europea, hay que garantizar que en todos los ríos exista un caudal mínimo, necesario para la supervivencia de los ecosistemas fluviales y marinos. El Partido Popular insiste, incluso, en resucitar el proyecto del trasvase del Ebro, que no recibió ni un euro de los fondos europeos solicitados por el Gobierno de Aznar, y que por supuesto Rajoy no intentó volver a plantear a la Comisión Europea.

Hay pues algunos “cuentos de hadas” con los que se engaña a mucha gente, generando expectativas de ampliación de regadíos en ámbitos territoriales en situación de emergencia a causa de la sobreexplotación y contaminación de sus acuíferos. Es el caso del entorno de Doñana, y también el del Campo de Cartagena: en ambos, la degradación ambiental ha afectado ya a la reputación de sus respectivas producciones agrarias. Afortunadamente, están ya implementándose actuaciones, financiadas en parte por los fondos europeos Next Generation, que permitirán su recuperación, no solo ambiental sino también social y económica.

El Partido Popular demonizó la desalación, que formó parte de la alternativa al trasvase del Ebro, junto con importantes inversiones en modernización de regadíos y en control de las aguas subterráneas. Hoy resulta que la única cuenca en situación de sequía extrema donde no se requieren restricciones es la del Segura, gracias a la construcción de grandes plantas desaladoras (Torrevieja, Alicante II, San Pedro del Pinatar II, Valdelentisco, Águilas…). En dichas plantas, en proceso de ampliación (solicitada ahora por gobiernos del Partido Popular), se están implantando energías renovables para reducir costes y emisiones de gases de efecto invernadero; y el agua resultante atiende tanto a usos urbanos como agrícolas, como demuestra el reciente acuerdo con regantes de la cuenca.

Un mínimo rigor es imprescindible en una cuestión crucial para ese sector primario que merece respuestas serias.