Notable alto en democracia

Contra las proclamas tremendistas, la calidad democrática de España mantiene altos sus indicadores. El informe sobre 168 Estados del mundo que elabora anualmente el semanario The Economist coloca a España en el exclusivo grupo de las 24 “democracias plenas”, en el puesto 23 —que comparte con Francia— y con una calificación de 8,07. El primer lugar es para Noruega con un 9,81. El informe ha dejado de inquietarse por la independencia judicial y “las divisiones políticas” que impedían la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace cinco años por la abierta desobediencia del PP al mandato constitucional. Esa fue la causa que colocó al Estado español ligeramente por debajo del 8 y dentro del bloque de “democracias defectuosas” en el examen de 2021.

La negociación en marcha entre PSOE y PP, con la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, parece haber sido un factor determinante para la nueva puntuación, a pesar de que la opacidad del informe impide conocer las causas exactas de los resultados en los cinco parámetros que valora: sistema electoral y pluralismo democrático (9,58), libertades civiles (8,53), cultura política (7,50), funcionamiento del gobierno (7,50) y participación política, donde España sigue manteniendo la puntuación más baja dentro del notable, un 7,22.

La conclusión más inmediata que cabe obtener es la distancia abismal que hay entre la descalificación radical expresada por la oposición española —un Estado de derecho en quiebra, el fin de la democracia y la ocupación partidaria de las instituciones— frente al análisis sosegado de un medio liberal como The Economist. Ni la negociación de la ley de amnistía ni los pactos para formar Gobierno ni la legislación desplegada por el Gobierno de coalición han sido causa de alarma ni sitúan a España en las cercanías de Polonia (7,18) o Hungría (6,72), ambas calificadas de “democracias defectuosas”.

La alta puntuación en procesos electorales echa también por tierra las sospechas de fraude en el voto por correo que hizo correr un sector de la oposición en los últimos comicios. Sucede lo mismo con otro indicador tan sensible para la salud democrática como la valoración de las “libertades civiles” —que incluyen libertad de prensa, libertad de expresión o pluralidad de opiniones en los medios de comunicación—, donde España obtiene su segunda puntuación más alta.

Por supuesto, lo logrado no es mérito de un Gobierno concreto sino de un país que se acerca al medio siglo de democracia moderna. Hay, sin duda, margen de mejora, pero tan nocivo para el progreso, la libertad y la igualdad es recrearse en lo conseguido como confundir la propia frustración con el malestar general de una ciudadanía que, sea cual sea su ideología, no merece que sus representantes pierdan interesadamente el sentido de la realidad.