Francia frena la discriminación

El Consejo Constitucional francés censuró el jueves pasado un tercio de los artículos de la ley de inmigración que el Parlamento había adoptado en diciembre. Los artículos anulados eran los más discriminatorios, como el que complicaba el acceso de los extranjeros a la protección social o el que limitaba el reagrupamiento familiar. El presidente Emmanuel Macron ya puede promulgar la ley despojada de las medidas que en algunos casos reflejaban el espíritu de la llamada “preferencia nacional”, eslogan histórico de la extrema derecha de Marine Le Pen. El debate que se ha abierto sobre un endurecimiento de la legislación marcará la campaña para las elecciones europeas de junio.

El resultado deja en mala posición a Los Republicanos (LR), el partido histórico de la derecha conservadora y asociado con el PP español. Fue este partido el que, visto que los partidarios del presidente, Emmanuel Macron, carecen de mayoría en la Asamblea Nacional, condicionó la aprobación de la ley a que se introdujesen los artículos finalmente censurados. Endurecieron tanto el texto que hasta el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen votó a favor y se adjudicó una “victoria ideológica”. Al presidente, si quería la polémica ley, no le quedaba más remedio que aceptar el texto negociado, y lo defendió, aunque avisó de que varios artículos eran inconstitucionales y dio a entender que deseaba su anulación.

La posición de Macron ha sido desconcertante y contradictoria, y en un tema que, además, es combustible para la extrema derecha. Y puso todo el peso de la decisión final en el Constitucional, ahora en el punto de mira de la extrema derecha e incluso de la derecha tradicional, cuyos dirigentes han calificado su dictamen de “golpe de Estado de derecho” y de “atraco democrático”. La retórica inflamada y el ataque a los guardianes de la Constitución y a la separación de poderes es una deriva preocupante. El propio Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional, señaló que el rechazo a la legitimidad de los jueces y a los compromisos con la UE podría conducir a Francia a una ruptura con Europa y a cuestionar incluso su democracia.

La decisión del Constitucional, en todo caso, es precaria, porque 32 de los 35 artículos anulados lo han sido por motivos de procedimiento y jurisprudencia, y no porque vayan en contra de los derechos fundamentales, cuestión que los jueces no han entrado a examinar. La razón es que estos artículos vulneraban el artículo 45 de la Constitución, que obliga a que las enmiendas a un texto legislativo tengan un vínculo, directo o indirecto, con el proyecto original. Esto no impide que en el futuro la derecha proponga otra ley con los artículos descartados. Ni disuadirá a Le Pen para que proponga, si llega al poder, un referéndum sobre la inmigración. Francia ha evitado una mala ley con medidas inquietantes, pero no ha zanjado el debate.