Crisis en el rigor fiscal alemán

El Tribunal Constitucional alemán ha asestado un duro varapalo a la política presupuestaria del Gobierno de Olaf Scholz al anular la reasignación de 60.000 millones de euros de deuda autorizada para paliar el impacto de la covid a un fondo para el clima. La sentencia, quizás el golpe más duro recibido por la coalición de socialdemócratas, liberales y verdes en sus dos años en el Gobierno, ha obligado al Ejecutivo a suspender por cuarto año consecutivo el freno a la deuda que establece la Constitución con el fin de sufragar las ayudas a hogares y empresas por los elevados precios de la energía y financiar la transición ecológica de la primera economía europea.

El freno a la deuda está consagrado en la Constitución desde 2009, en plena resaca de la crisis financiera, para limitar el endeudamiento anual del Estado al 0,35% del PIB, salvo en casos de emergencia muy tasados. Es lo que ha sucedido desde 2020, primero con la pandemia y luego con la guerra en Ucrania y los elevados costes de la energía. Pese a todo, la deuda pública alemana rondará este año el 66% del PIB, según el FMI, lejos del 111% de España o el 143% de Italia. Aun así, el ministro de Finanzas y líder de los liberales, Christian Lindner, se había propuesto volver este año a la senda de austeridad, pero el fallo lo obliga a cambiar de planes.

La sentencia del tribunal de Karlsruhe también pone en suspenso planes como la ayuda a Ucrania y enfrenta a los tres partidos de la coalición sobre los recortes presupuestarios. La crisis pone de relieve la rigidez de una norma, concebida como una forma de fortalecer la confianza en las finanzas públicas, que corre el riesgo de desestabilizar el sistema presupuestario del Gobierno federal y los Länder pero que también tiene enormes efectos potenciales para la eurozona. Los países del euro están discutiendo la revisión de las reglas fiscales, suspendidas desde 2020, y es el propio Lindner el que exige mayor esfuerzo para reducir el déficit y la deuda a los países más endeudados.

El Constitucional alemán es conocido por sus sentencias de largo alcance. En el pasado varias políticas de la UE, incluido el rescate a Grecia durante la crisis de deuda soberana, así como los programas de compra de bonos del Banco Central Europeo, han estado sujetas a revisión judicial por parte del alto tribunal alemán.

No son pocos —en la política, la academia y la economía— los que cuestionan la idoneidad del freno de la deuda, una norma tan rígida en un momento en el que el país, y el conjunto de la eurozona, necesitan enormes inversiones para avanzar hacia la descarbonización y la transición energética y competir con los enormes planes públicos puestos en marcha por China y Estados Unidos. La ilusión alemana de poder hacer compatibles esos planes con la austeridad fiscal puede que haya llegado a su fin.