El golpe de Tribunal Constitucional alemán al BCE aún resuena en Europa

Cruzar los dedos y esperar que no pase nada. El miércoles expiró el plazo de tres meses concedido por el Constitucional alemán para que el Gobierno y el Parlamento alemán comprobasen que el programa de compra de deuda pública puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) para rebajar las primas de riesgo es proporcional a sus objetivos. Bruselas y Berlín confían en que el tribunal con sede en Karlsruhe se dé por satisfecho con la resolución aprobada por el Bundestag aceptando las justificaciones del BCE sobre la creación de su multimillonaria intervención en los mercados. Pero la polémica parece lejos de estar zanjada. El veredicto de Karlsruhe colocó un interrogante, aún no despejado del todo, sobre la actuación del BCE. Y su choque frontal con el Tribunal de Justicia de la UE, que ya había validado el programa de compra, todavía puede deparar en un expediente de infracción contra Alemania.

La sentencia del Constitucional provocó el pasado 5 de mayo un seísmo institucional. Sus magistrados desautorizaron abiertamente el veredicto del tribunal europeo, que había validado el programa del BCE. El impacto en los mercados fue mitigado porque el organismo que preside Christine Lagarde se apresuró a recordar que no está bajo la jurisdicción del Constitucional alemán y que, por tanto, haría caso omiso de la sentencia.

Desde entonces se han sucedido los movimientos para intentar desactivar el impacto de una sentencia que ha puesto en peligro una de las principales medidas aprobadas por el BCE para atajar la crisis del euro y cuyo modelo se ha vuelto a utilizar a raíz de la crisis provocada por la covid-19.

El frente institucional también se ha calmado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó con abrir un expediente de infracción contra Alemania ante el aparente desacato de su Constitucional al tribunal con sede en Luxemburgo. Bruselas ha preferido después rebajar el tono y esperar a ver la evolución de los acontecimientos. La Comisión ni siquiera ha concluido aún el análisis jurídico de la sentencia del 5 de mayo, que podría servir de base para un expediente de infracción.

El calendario apunta, sin embargo, nuevos nubarrones en el horizonte. Los demandantes contra el programa de compra de deuda han reclamado a Karlsruhe que verifique el cumplimiento fehaciente de la sentencia. Una petición que, de ser aceptada, podría llevar a una revisión de la información facilitada por el BCE menos complaciente que la del Parlamento alemán.

Si los magistrados del Constitucional no se dan por satisfecho, podrían ordenar al Bundesbank (banco central alemán) que cancele su participación en el programa, lo que haría trizas una de las grandes medidas del BCE para atajar las crisis del euro y de la pandemia y mantener a raya las primas de riesgo de los países más vulnerables, como España o Italia.

En Bruselas hay voces partidarias de no dar carpetazo al asunto y de mantener la presión sobre Alemania. Fuentes comunitarias consideran que la sentencia de Karlsruhe puede establecer “un precedente muy peligroso para la estructura jurídica de la UE, basada en la primacía del derecho comunitario y en el Tribunal de Luxemburgo como última instancia para interpretar”. Esas fuentes creen que la Comisión debe reafirmar esa supremacía bien a través de un expediente de infracción o de alguna otra vía más suave que evite que la doctrina de Karlsruhe se consolide.

Fuentes comunitarias señalan que nunca antes había habido un cuestionamiento tan directo al tribunal europeo. Los precedentes apuntados por los especialistas, en Dinamarca y República Checa, no tuvieron la misma envergadura, según esas fuentes.

A la incertidumbre sobre el impacto de la sentencia se añaden otros casos judiciales ligados al BCE. Ante el Constitucional ya se libra otra batalla contra el programa de deuda de compra de deuda de empresas. Y todo indica que podría haber también denuncias contra las compras puestas en marcha a raíz de la pandemia.

El mercado, de momento, no ha reaccionado, gracias en gran parte a la contundente reacción del BCE. Tras la sentencia, Lagarde mantuvo el programa de compra de deuda pública (a razón de 20.000 millones de euros al mes) y amplió las compras relacionadas con la pandemia (de 750.000 millones a 1,3 billones). Al mismo tiempo, el organismo colaboró para buscar una solución pragmática que, sin poner en cuestión su independencia, facilitase responder a las peticiones de Karlsruhe.

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, solicitó al BCE permiso para compartir con el Gobierno y el Parlamento alemán documentos confidenciales con los que demostrar que la autoridad monetaria europea había calibrado muy bien su intervención en los mercados, sin extralimitarse en sus competencias, como teme el tribunal de Karlsruhe.

Gran parte de la información remitida por el BCE a Weidmann ya había sido facilitada al Constitucional durante el juicio sobre el programa de compra de deuda iniciado a raíz de la denuncia de 1.750 personas, incluidos, profesores, políticos y el fundador del partido de ultraderecha AfD.

Pero los documentos liberados por Fráncfort permitieron que el Bundestag aprobase el 2 de julio una resolución (planteada por conservadores, socialistas liberales y verdes) dando por cumplida la petición de Constitucional. El texto aprobado considera que el BCE sopesó todas las consecuencias de su programa de compra y que su impacto positivo en la política monetaria de la institución justificaba su puesta en marcha. Punto y final, según Berlín. Punto y ya veremos, según Bruselas. Y puntos suspensivos en Karlsruhe.