El Tribunal de la UE y el Constitucional alemán se enzarzan en una batalla jurídica sobre el BCE

Breve. Contundente. E histórico. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha emitido este viernes un comunicado de apenas cuatro frases que han restallado como cuatro latigazos dirigidos al Tribunal Constitucional de Alemania. La inédita lucha entre dos gigantes del sistema judicial europeo se ha desatado a cuenta del programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo. Pero el descomunal choque tiene raíces mucho más profundas y su desenlace marcará en gran medida el futuro de la UE y, sobre todo, del euro, la principal creación del club comunitario.

El comunicado de la Corte europea arranca subrayando la excepcionalidad de un pronunciamiento de estas características. “Los Servicios de la Institución nunca hacen comentarios sobre las sentencias de un órgano jurisdiccional nacional”, señala la máxima instancia judicial comunitaria, con sede en Luxemburgo.

Y tras el trompetazo previo a un anuncio sin precedentes, el Tribunal de la UE se despacha con cuatro andanadas contra un Tribunal nacional que, desde su sede en Karlsruhe, se ha permitido juzgar la actuación de una institución comunitaria como el BCE y ha puesto en jaque toda la arquitectura jurídica de la UE.

El Constitucional alemán no solo se ha lanzado a juzgar la compatibilidad del programa de compra de deuda del BCE con el Tratado europeo sino que, además, se ha negado, por primera vez en la historia judicial de Alemania, a acatar la sentencia de Luxemburgo que validó las compras de deuda.

“El Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión”, remacha el histórico comunicado de Luxemburgo. Y advierte que “las divergencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en cuanto a la validez de dichos actos pueden llegar a comprometer la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y perjudicar la seguridad jurídica”.

El Tribunal europeo ha rumiado durante más de 72 horas su respuesta pública a la sentencia del Constitucional alemán. Y sus medidas y aceradas palabras anticipan un conflicto institucional cuyas ramificaciones pueden afectar no solo al BCE, sino también al Gobierno de Angela Merkel y al conjunto de la zona euro. La brecha judicial coincide, además, con las negociaciones de un plan de rescate de la economía europea después de la pandemia, un proyecto que deberá sortear el campo minado que han dejado los jueces alemanes.

Pocas veces una decisión de la máxima autoridad judicial alemana había sido tan contestada. Y desde posturas ideológicas tan dispares. La ultraderecha de Frattelli d’Italia acusó a Alemania y Francia de utilizar la UE para defender sus propios intereses. Y fuerzas de signo europeísta a izquierda y derecha ven en el fallo un ataque a la línea de flotación de la UE que puede animar a Polonia y Hungría a defender la primacía de sus tribunales sobre los europeos.

“Es una sentencia cuya gravedad no se puede ocultar”, aseguraba Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de la diplomacia comunitaria durante una videoconferencia con medios españoles. “Cuestiona la cadena de mando judicial, que tenía al Tribunal europeo en la cúspide”.

Incluso los denominados halcones, partidarios de la austeridad frente al activismo monetario del BCE, han mostrado cierta perplejidad. El actual presidente del Parlamento alemán y ministro de Finanzas durante la crisis del euro, Wolfgang Schäuble, ha apoyado la idea del Constitucional de que las instituciones independientes como el BCE “deben sujetarse de manera estricta a su mandato y no interpretarlo de manera demasiado holgada”. Pero Schäuble añadía, en una entrevista con la emisora alemana RND, que el desaire del Constitucional a Luxemburgo puede sentar un peligroso precedente para la Unión Europea. “Ahora quizá se cuestione la existencia del euro en otros países de la UE porque cada tribunal constitucional nacional puede juzgar por sí mismo”, reconocía el ex ministro del gobierno de Angela Merkel

El contundente comunicado del Tribunal de Luxemburgo intenta neutralizar, precisamente, la onda expansiva de la sentencia alemana, cuyas repercusiones políticas se perfilan como mucho mayores que las económicas. Los mercados han reaccionado con relativa tranquilidad porque el veredicto no suspendió de manera inmediata la participación del Bundesbank (Banco nacional de Alemania) en el programa del BCE. Y, además, el banco se apresuró a declarar el mismo martes que seguiría haciendo todo lo necesario para garantizar la estabilidad del euro. “Sin inmutarse”, añadió el miércoles la presidenta del banco, Christine Lagarde.

Pero la cadena rota de mando que apunta Borrell puede ser más difícil de reestablecer. Karlsruhe ha ignorado olímpicamente la sentencia que Luxemburgo había dictado sobre el PPSP en respuesta, precisamente, a una consulta prejudicial del Constitucional alemán.

Luxemburgo advierte en su comunicado que “conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una sentencia dictada con carácter prejudicial por este Tribunal vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal”. Y en un llamativo tirón de orejas entre magistrados, la corte europea le recuerda a la alemana que nadie está por encima de la ley, ni si quiera los tribunales del país más grande de la UE. “Al igual que otras autoridades de los Estados miembros, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión. Solo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos”.

Reyerta

El sorprendente rifirrafe entre dos grandes tribunales se venía incubando desde hace muchos años. Durante décadas, el Constitucional alemán miró a la corte europea por encima del hombro. Y la creciente influencia del Tribunal de Luxemburgo en la jurisprudencia de todos los países no era bienvenida entre algunos magistrados alemanes. El choque larvado estalló durante la crisis del euro y ha alcanzado su máxima expresión (por ahora) durante esta semana.

El veredicto de Karlsruhe del martes llegaba tras más de una década de continuos litigios en Alemania sobre la presunta ilegalidad de la mayoría de las medidas puestas en marcha por la zona euro para superar la crisis financiera, desde la creación de un fondo de rescate a las operaciones de compra puestas en marcha por el BCE, sobre todo, durante la presidencia del italiano Mario Draghi.

El Constitucional alemán había aceptado hasta ahora, muchas veces a regañadientes, la legalidad de todas las intervenciones que permitieron salvar la integridad de la zona euro. Pero su paciencia empezó a agotarse con la llamada OMT de Draghi, un programa anunciado en 2012 que prometía la compra de deuda masiva a los países que pidiesen un rescate. El plan daba músculo a la famosa frase de Draghi (whatever it takes). Y aunque nunca se llegó a activar, calmó a los mercados y evitó la caída de Italia y España, entonces en la cuerda floja de la bancarrota.

El inevitable recurso contra la participación del Bundesbank (Banco nacional de Alemania) en la OMT fue suscrito por 37.000 firmantes, entre académicos, empresarios y políticos. El juicio sirvió de vivero para Alternativa por Alemania (AfD), el primer partido euroescéptico y ultraderechista que ha logrado elevarse por encima del 10% de votos en numerosos comicios en el país.

La presión política para frenar a Draghi subió enteros. El entonces ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, llegó a culpar al BCE del ascenso del populismo euroescéptico en Alemania. El malestar cundía (y cunde), entre otras cosas, porque la política monetaria del italiano se tradujo, y aún sigue así, en una perdida de intereses para los ahorradores alemanes y en un quebradero de cabeza para el sector bancario y asegurador del país, incapaz de adaptarse a la nueva realidad de tipos negativos y expansión monetaria que impera en la zona euro y en la mayor parte de las economías avanzadas.

En ese clima político, el Constitucional alemán dudó. Y por primera vez en su historia, le temblaron las piernas y remitió una consulta prejudicial al Tribunal de la UE. Se trata de una práctica habitual para los tribunales de muchos países. Pero Karlsruhe nunca se había dignado a consultar con Luxemburgo por considerar que ninguna corte está por encima del Constitucional alemán.

La histórica consulta llegó a Luxemburgo llena de preguntas sesgadas que apuntaban a la ilegalidad de la OMT. Pero los jueces comunitarios sentenciaron a favor del plan de Draghi. Y el Constitucional alemán, todo indica que muy a su pesar, acató el veredicto y también dictó sentencia aceptando la legalidad de la OMT.

Pero la sentencia de la OMT no puso fin a la reyerta entre Luxemburgo y Karlsruhe, que llevaban años mirándose de reojo. Más bien aumentó la rivalidad tras un primer cuerpo a cuerpo en el que se impuso con claridad la primacía del derecho comunitario por encima de las posibles reticencias de unos magistrados alemanes.

El partido de vuelta, sin embargo, llegó con el recurso contra la PPSP, presentado esta vez por 1.750 personas, entre ellos, el fundador de AfD. Por segunda vez, el Constitucional se rebajó a consultar con Luxemburgo. Y los jueces europeos sentenciaron de nuevo a favor de la legalidad de actuación del BCE. Pero en esta ocasión, Karlsruhe rompería la secuencia. “El Tribunal Constitucional Federal no está sujeto a la decisión del TJUE y debe llevar a cabo su propia revisión del PSPP”, proclamó la sentencia del martes. Y los cimientos jurídicos de la UE y de la zona euro se sacudieron.