El Constitucional alemán obliga a revisar el programa de compra de deuda del BCE

El Tribunal Constitucional alemán ha puesto contra las cuerdas en plena pandemia a las instituciones comunitarias al cuestionar el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE), avalado por la justicia europea, al considerar que podría haber excedido las competencias de la UE. En una sentencia publicada este martes, la Corte de Karlsruhe pone en duda la “proporcionalidad” del paquete de estímulos lanzado bajo el mandato de Mario Draghi para apuntalar la zona euro e insta al Bundesbank a dejar de participar en esas compras masivas si el BCE no las justifica. El Constitucional alemán matizó que la sentencia no afecta a las medidas adoptadas por la pandemia, lo cual no evitó la subida de las primas de riesgo de los bonos de España e Italia.

El Tribunal Constitucional ha dictado este martes una sentencia cuyo alcance aún no se vislumbra pero que puede socavar el programa del BCE que ha permitido controlar las primas de riesgo de Italia y España. En un comunicado, la Corte de Karlsruhe señala que la sentencia no afecta a “las medidas de asistencia financiera” adoptadas por la Unión Europea o el BCE durante la actual crisis, en referencia al programa de compras por 750.000 millones de euros que el pasado mes de marzo puso en marcha la institución presidida por Christine Lagarde.

Nada garantiza, sin embargo, que ese plan pueda correr la misma suerte que el de Draghi. Y en cualquier caso, la sentencia supone un choque institucional dentro de la UE después de que Karlsruhe haya decidido corregir a la Corte de Luxemburgo, que había avalado el programa de Draghi. “Reafirmamos la primacía del derecho de la UE y el hecho de que las sentencias del TJUE son vinculantes para todos los tribunales nacionales", sostuvo un portavoz de la Comisión Europea tras conocer el fallo. “El BCE es una institución independiente. Su independencia es la base de la política monetaria europea”, afirmó a través de su cuenta de Twitter el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El Consejo de Gobierno del BCE, tras reunirse el martes por la tarde, dijo que “tomaba nota de la sentencia” pero recordó que el TJUE había respaldado su programa.

Antes de celebrarse esa reunión de urgencia, el presidente del Bundesbank, Jeins Weidmann, avisó de que el Eurobanco deberá atender las demandas del Constitucional alemán. “El Consejo de Gobierno del BCE tiene ahora tres meses para presentar sus deliberaciones respecto a la proporcionalidad del programa. Respetando la independencia del Consejo de Gobierno del BCE, apoyaré los esfuerzos para cumplir con sus este requerimiento”, sostuvo.

El caso que ha dirimido el tribunal fue impulsado por un grupo de “particulares”, entre ellos el economista y fundador del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) Bernd Lucke y el exdiputado de la CSU Peter Gauweiler. Los demandantes acusaban al BCE de haberse excedido en su mandato al vulnerar el reparto de competencias entre la UE y los países miembros y al Bundestag de haberse quedado con los brazos cruzados. Según el BCE, hasta el pasado mes de abril ese programa ascendía a 2,8 billones de euros. El grueso de las operaciones se produjo entre 2015 y diciembre de 2018, puesto que el año pasado apenas se inyectaban unos 20.000 millones de euros al mes.

Antes de dictar sentencia, el Constitucional consultó con el TJUE. La justicia europea recordó que el BCE, cuyo objetivo es la estabilidad de precios, en 2015 debía hacer frente a una economía al borde de la deflación. El tribunal argumentó que, para volver a tasas de inflación cercanas al 2%, puso en marcha el programa de compras masivas de deuda. Este favoreció la bajada de los tipos de interés y la expansión del crédito, lo cual condujo al aumento del consumo de los hogares y la inversión. La sentencia de Luxemburgo concluía que “excluir la posibilidad” de que se adoptaran esas medidas “impediría [al BCE], en la práctica, utilizar los medios que le reconocen los tratados para alcanzar los objetivos de la política monetaria” y, en concreto, “podría obstaculizar seriamente la realización de la misión que le incumbe”.

Temor a las repercusiones en Hungría y Polonia

El Constitucional alemán, sin embargo, ha decidido corregir el análisis del TJUE e indica que el BCE no logra el “equilibrio necesario” entre “el objetivo de la política monetaria y los efectos de la política económica” que se derivan del programa. Y eso, añade, le lleva a excederse de su mandato. Al contrario de lo expuesto en Luxemburgo, la Corte alemana sí cree que la compra de bonos tiene efectos sobre las políticas fiscales de las capitales. Y añade que el entorno de bajos tipos de interés ha tenido efectos más allá de las finanzas públicas: en la banca, en los ahorros de los ciudadanos o en el tejido empresarial, manteniendo vivas empresas que eran “inviables”. “Le habría correspondido al BCE sopesar estos y otros efectos considerables de política económica y equilibrarlos, de acuerdo con consideraciones de proporcionalidad, con las contribuciones positivas que se esperaban para lograr el objetivo de política monetaria que el BCE ha fijado”, le afea la sentencia.

El Constitucional, en definitiva, no cree que el BCE haya ni vulnerado su objetivo de velar por la estabilidad de precios ni que haya financiado a los países ilegalmente. El meollo, para Karlsruhe, está en si el programa fue o no proporcionado. Por ello, atribuye al Gobierno federal alemán y al Bundestag la adopción de “medidas” para “garantizar que el BCE realice una evaluación de proporcionalidad", además de vigilar las decisiones del banco y procurar que se mantenga dentro de su mandato.

Puesto que las instituciones no pueden ir más allá de su mandato, el Constitucional concluye que en un periodo de tres meses el Bundesbank deberá dejar de participar en los programas del BCE a menos que el Consejo de Gobierno de la institución demuestre que los “objetivos de política monetaria” de las compras del BCE no son desproporcionados en términos de política fiscal y económica.

El fallo llega a las puertas de la peor depresión que sufre la zona euro. Algunos analistas temen incluso que ponga en jaque el actual programa contra la pandemia, que ha fijado unas condiciones de compra incluso más laxas. “Este es el gran riesgo. Nuevos casos judiciales llegarán a Alemania de inmediato contra el PEPP [el programa de compras asociado con la pandemia]. El tribunal insiste en la distinción ridícula entre política monetaria y política económica”, ha afirmado el ex vicepresidente del BCE Vitor Constâncio.

“La sentencia estaba más dirigida al TJUE que al BCE”, ha sostenido Franz Mayer, profesor de Derecho en la Universidad de Bielefeld en un acto online organizado por el think tank Bruegel. Mayer ha advertido de las consecuencias de enmendar la plana al TJUE con vista puesta sobre Polonia o Hungría, que podrían ignorar las sentencias de la justicia europea para evitar que socaven el Estado de Derecho.