Desmontando barreras contra la corrupción: un ataque al Estado de derecho

Según el Eurobarómetro 534, de junio de 2023, casi nueve de cada diez españoles creen que en España hay mucha o bastante corrupción. De acuerdo con los expertos, España sigue teniendo más corrupción que la que corresponde a su desarrollo económico y social, y así se refleja repetidamente en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. La Comisión Europea ha manifestado en sus informes sobre el Estado de derecho la preocupación por las debilidades institucionales de nuestro país y los informes GRECO nos recuerdan continuamente que faltan deberes por hacer. En este contexto, que no es exclusivo de España, la lucha contra la corrupción se vuelve a convertir en una de las principales prioridades de la Unión Europea, y para ello tiene en marcha una propuesta de directiva sobre lucha contra la corrupción, además de estar elaborando un plan de prevención con dimensión europea. Mientras todo esto ocurre, vemos con desolación cómo avances importantísimos en esta lucha, adoptados a partir de los años 2015 y 2016, se ven en riesgo de anulación por la llegada de nuevas mayorías al gobierno de algunas comunidades autónomas, como en Valencia o Baleares, o por la consolidación de mayorías ya existentes, como en Madrid.

En el caso de Baleares, existe un intento consistente y decidido por eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears. Una oficina que nace en una comunidad autónoma en la que desde un presidente de la comunidad hasta la presidenta del Parlamento y del Consell Insular de Mallorca, así como decenas de altos cargos y funcionarios, han ingresado en prisión condenados por corrupción. Una comunidad que durante algunos años daba la impresión de convertirse en un espacio de corrupción sistémica donde el robo de fondos públicos era generalizado. La oficina, durante su corta existencia, ha desempeñado un papel importante en la prevención e investigación de esta lacra, y parece que ha tenido un excesivo éxito en detectar e investigar casos que afectan a familiares de dirigentes de partidos de la derecha de esta comunidad autónoma. Esto parece explicar la obsesión por eliminarla.

En el caso de la Comunidad Valenciana, se ha producido ya el cierre de la Oficina de Recuperación de Activos de la Comunidad Valenciana y el traslado de las funciones de la misma a la Abogacía de la Generalitat. Esta oficina no era sino una réplica de la creada en 2015 por el Gobierno de España, entonces bajo el mandato de Mariano Rajoy, para “auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías” en la localización y recuperación de las ganancias procedentes de actividades delictivas como el tráfico de drogas, de armas o el blanqueo de dinero. En total, la oficina ha podido recuperar desde su creación más de 13 millones de euros robados a la ciudadanía valenciana, según las memorias de la propia Generalitat. Pero no acaba aquí la ofensiva de las redes de corrupción para socavar las instituciones que las persiguen. La campaña existente para desprestigiar la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) y poder eliminarla no se detiene. Estamos ante una agencia que ha sido considerada como un caso de éxito por la Unión Europea y que es una buena práctica a seguir por otras instituciones de la Unión. No hay que olvidar que, cuando se creó la AVAF por el primer Gobierno del Botànic, la corrupción política en la Comunidad Valenciana era sistémica, existiendo más de 70 casos, con cientos de altos cargos y funcionarios, no solo del PP, sino también, en menor medida, del PSPV implicados.

Ante ello, el que el nuevo Gobierno priorizara la lucha contra la corrupción en la comunidad como una de sus políticas esenciales no se debía solo a la voluntad de actuar éticamente, sino que también era una exigencia ineludible para que la Comunidad Valenciana pudiera superar su muy deteriorada imagen y volviera a atraer inversiones y a generar crecimiento. Es importante destacar que, en ese proceso de reconstrucción de la dignidad de las instituciones valencianas participó, a menudo, también el PP, permitiéndose con ello que el caso valenciano fuese un ejemplo europeo de lucha exitosa contra la corrupción. El número y la calidad de las normas y organizaciones creadas con el fin de promover el buen gobierno es reconocido internacionalmente. El resultado, en términos económicos, cívicos y de reputación, ha sido espectacular, como indican los datos sobre percepción de la corrupción en la Comunidad, que ha bajado de forma clara y contundente, o la calidad de su gobierno, que ha mejorado enormemente, todo ello puede comprobarse en el último informe sobre calidad del gobierno que la Unión Europea patrocina para las regiones de Europa y que lidera la Universidad de Gotemburgo.

Finalmente, en la Comunidad de Madrid parece que la todavía débil estructura de promoción y garantía de la transparencia es percibida como excesiva por el Gobierno del PP. En consecuencia, hay que eliminar el actual Consejo de Transparencia y Participación, creando un nuevo órgano dependiente del Ejecutivo y obediente a sus órdenes. Por si fuera poco, se le elimina su capacidad sancionadora.

En suma, existe un peligroso contraataque a los avances conseguidos en la lucha contra la corrupción en España, una ofensiva movida desde atrás por redes corruptas que se han mantenido vivas tras el combate de los últimos años. Ante ello, desde la Asociación Más Democracia no podemos permanecer indiferentes y reclamamos a los políticos honestos de todos los partidos (que creemos que son la gran mayoría) que pongan fin a esta deriva, paralizando el cierre y la merma de capacidades e independencia de estos organismos. De lo contrario, estaríamos asistiendo a un atentado muy grave a ese Estado de derecho que algunos dicen defender.