Si fuera Feijóo...
El PP debe brindar sus 137 diputados como un seguro ante la perspectiva de inestabilidad estructural que amenaza la legislatura y ofrecer a Sánchez su abstención en la investidura a cambio de que renuncie al acuerdo con Junts
Explica Raymond Aron en sus Memorias que, cuando empezó a escribir en la prensa sobre política internacional, su director le recomendó que fuera un “espectador comprometido”, que se pusiera en los zapatos de aquellos sobre los que opinaba. Llevado por esta sugerencia, aunque desprovisto de las habilidades de Aron, voy a ponerme en los zapatos de Feijóo para sugerirle, con su permiso y a un día del comienzo del debate de investidura, varias cosas.
La primera es que aborde la cita pensando en contribuir a la concordia nacional. Feijóo es un activo de moderación que puede perderse si cede ante los cantos de sirena que polarizan el país. Lo principal es aislar su relato del ruido mediático y de la turbidez madrileña, que es lo que siempre se desata en esta ciudad cuando el poder que la fundamenta se siente amenazado. De ello depende el estilo que necesita resaltar como líder del PP si quiere distanciarse de la extrema derecha, que es la que impulsa la protesta callejera y la cabalga. Una actitud que no puede ser matiz, no solo porque marca la diferencia entre un conservador y un fascista, sino porque es lo que se espera de liderar un partido de Estado que nunca secundará la dictadura de opinión que agitan las redes sociales en la calle.
La segunda cosa es que comprenda con inteligencia crítica lo que esconde el acuerdo entre PSOE y Junts. En la literalidad del mismo están las fortalezas y debilidades de los protagonistas, hasta dónde pueden y quieren llegar. Y siempre, en el entendido de que la legislatura será dificilísima por la relación de fuerzas e intereses que aglutina el PSOE; no solo por las citas electorales que sorteará, sino porque el Gobierno de Sánchez nace tensionando los acuerdos básicos de los que surgió la Constitución.
De ahí la importancia de pensar sensatamente lo que dirá el líder de la oposición durante el miércoles y qué sentido de voto indicará a sus 137 diputados el jueves. Un desenlace que ha de tener claro que Sánchez tiene como propósito de gobierno hacer de la necesidad de contar con 121 diputados la virtud de sumar al menos 55 más que le apoyen a diario en sus afanes. Esta debilidad es lo que Feijóo debe explotar. Detrás están la causa y la culpa del acuerdo con Junts, un pacto que antepone la utilidad de gobernar a cumplir la agenda con Sumar firmada en el Reina Sofía. Esta agenda está subordinada al éxito de la negociación del conflicto catalán, pues el Gobierno de coalición solo aprobará sus propuestas y los presupuestos para cumplirlas si avanza en aquella conforme a dos hitos: convocar un referéndum pactado y alcanzar un concierto fiscal para Cataluña semejante al vasco, algo que no tiene encaje constitucional en estos momentos.
Sobre esta inestabilidad estructural que amenaza la legislatura es donde Feijóo debe trabajar su alternativa el miércoles y ofrecerse como seguro de estabilidad que garantice la concordia nacional. La negociación territorial con Junts se afronta desde una envergadura histórica que se retrotrae a 1714. Esto obliga a la izquierda española al sobreesfuerzo de afrontarla en solitario, una hazaña hercúlea para la que se arroga la representación unilateral de los intereses pasados, presentes y futuros del Estado, como si desde el 23-J el PSOE tuviese en exclusiva la capacidad de entender dónde está el perímetro de los intereses de todos los españoles frente a un bloque independentista al que se atribuye la representación homogénea de Cataluña. Factores que distorsionan la negociación y que podrían agravar el desenlace si se rompiese el acuerdo de legislatura. Entonces, el independentismo estaría legitimado para volver a la unilateralidad al fracasar el diálogo, pues en el acuerdo con Junts no hay renuncia a ella.
Que los términos de este acuerdo son inquietantes lo acredita el que, para ganarse la confianza de su interlocutor, el PSOE haya sido obligado a presentar dos días antes de la investidura una proposición de ley de amnistía de máximos. Es cierto que quedan fuera las situaciones de lawfare, pero, más allá de la idoneidad de la técnica legal del texto, estamos ante una propuesta de gracia que es inédita desde la Transición y que está produciendo una división en la sociedad española sin precedentes desde la guerra de Irak. Sobre todo, cuando se añade la supervisión de los avances negociadores del conflicto catalán a un mediador que lo internacionalizará como si estuviéramos en el Ulster.
Los términos de la investidura solicitada por Sánchez nos colocan ante un sumatorio de situaciones de altísimo riesgo, semejantes a las de la Transición, pero sin los consensos de ella. Un marco que desborda el pragmatismo de gobernar haciendo de la necesidad virtud, algo a lo que debe dar la vuelta Feijóo haciendo de la virtud necesidad y ofrecer la abstención de los suyos a cambio de una renuncia al acuerdo con Junts y la retirada de la amnistía. Si lo hiciera, Sánchez tendría que decidir en conciencia y, mientras se decide, España vería cómo alguien se arriesga personalmente al servicio del único patriotismo posible: aquel que trabaja por la concordia de todos.
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