Venezuela: negociar para votar

En Venezuela, el reverso de la palabra negociación no es solo desacuerdo. Ni siquiera hostilidad. Detrás de cada intento de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición hay una avería institucional que determina desde hace años las relaciones políticas del país. Volvió a ocurrir la semana pasada, con gran profusión de declaraciones en X, tras la celebración de las primarias de la llamada Plataforma Unitaria, una amalgama de partidos con enormes diferencias ideológicas y estratégicas. La ganadora de esa elección fue María Corina Machado, veterana dirigente neoliberal que siempre ha representado el ala más radical del antichavismo. Obtuvo un triunfo inapelable, según la comisión organizadora: más de dos millones de votos, el 93% del total.

Machado recibió las felicitaciones de EE UU y agradeció el “respaldo y acompañamiento” de la Embajada, que opera desde Colombia. “Contamos con todos los demócratas del mundo para el logro de las condiciones que nos permitan tener elecciones presidenciales libres y competitivas en el 2024″, escribió. Solo unos días antes, el Gobierno y las fuerzas opositoras habían pactado convocar elecciones en el segundo semestre del año que viene. Al mismo tiempo, Washington anunció la relajación de sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela. El clima propiciaba un punto de inflexión en la profunda crisis del país.

Pero no iba a ser tan sencillo. Primero fue Cilia Flores, diputada y esposa de Maduro. Unas horas después de las primarias, cuestionó la votación, y pidió que los organizadores “respondan ante las autoridades por su delito”. Agregó, además, un juicio de valor que choca con el desarrollo de las presidenciales de 2018, celebradas sin competencia real ni garantías. “Este pueblo de Venezuela si de algo sabe es de elecciones, tiene cuántos años votando en un sistema automatizado, transparente, confiable, seguro, el pueblo sabe cómo se vota y cómo ha protegido su voto”. El propio mandatario se hizo eco de esa intervención. “Con ella me sumo al llamado a las y los venezolanos que participaron en las primarias a no dejarse engañar y no ser parte de un chantaje que pretende validar un fraude o quemar el país”, lanzó.

Después, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del equipo encargado de negociar con la oposición, fue más allá y anunció una acción legal. “Denunciamos ante los medios el fraude descomunal perpetrado por la extrema derecha el pasado domingo. Iniciaremos las investigaciones necesarias ante el uso ilegal de la identidad de más de dos millones de venezolanos”. Quizá fuera una sobreactuación. Tal vez, solo un mensaje para serenar a los militantes o incluso tranquilizar a Maduro. En cualquier caso, el tono de esa declaración no encaja con las negociaciones que acaban de comenzar.

El problema es que Machado está inhabilitada por una supuesta irregularidad en una declaración jurada de su patrimonio. Un asunto que se remonta a 2015 y que ha sido desempolvado recientemente. Pero también que todos los dirigentes opositores con cierto grado de popularidad están o han estado inhabilitados. Así no se puede jugar un partido democrático. Y esa es la avería de las instituciones, controladas en su totalidad por el chavismo.

Henrique Capriles Radonski, otro político inhabilitado, recordó que “nadie en las fuerzas democráticas se mete en los procesos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela”. Lo que ha quedado claro, de momento, es que Maduro no quiere que Machado sea candidata. Está por ver que tenga la voluntad de tolerar a otro. Y está por ver que la oposición acepte estas imposiciones. Las elecciones presidenciales penden nuevamente de un hilo.