Turismo sostenible o insostenible

La recuperación del turismo en España —el verano cerró con un crecimiento del 17,3% con respecto a 2019, en gran medida por la inflación— supone una buena noticia para un sector que representa el 12,2% del PIB nacional y más del 11% del empleo. Las perspectivas para todo 2023 son igualmente positivas: la patronal Exceltur ha revisado al alza el crecimiento del PIB turístico hasta los 183.078 millones, casi tres puntos más que en julio. Son datos que invitan al optimismo económico, pero plantean de nuevo la necesidad de conseguir un modelo sostenible cuyo éxito no se consiga a costa del bienestar de la mayoría de la población.

Decisiones recientes y contradictorias de administraciones locales, las más concernidas, abren la reflexión sobre la necesidad de una política de Estado que, respetando las distintas competencias, armonice conceptos ante desafíos que han ser abordados cuanto antes. Barcelona quiere llevar a sus presupuestos para 2024 un aumento de las tasas, incluyendo apurar el máximo legal para cobrar por los cruceros de corta estancia. Mientras, Sevilla concedió en julio 16 nuevas licencias para reformar edificios con apartamentos turísticos. El barrio sevillano de Santa Cruz es el primero de España con más pisos turísticos que de residentes. Y en una ciudad cuyo casco histórico —uno de los mayores de Europa— ve convertidas buen número de calles en una sucesión de terrazas de bar. Mientras San Sebastián se plantea modificar el plan urbanístico para declarar saturada su zona centro, el Gobierno balear derogará la moratoria que prohíbe crear nuevas plazas hoteleras hasta 2026. Por su parte, su homólogo valenciano pretende eliminar la tasa turística aprobada en noviembre.

La saturación de muchas ciudades es tal que se hace urgente una regulación más estricta, en especial con los pisos turísticos —uno de los mayores focos de gentrificación—, si no queremos llegar a un modelo de prohibicionismo total. Las limitaciones de Nueva York a Airbnb, en la estela de grandes urbes como París, Ámsterdam o Londres, certifican que el exitoso modelo de plataformas está en el límite de lo sostenible. Otro tanto sugiere el numerus clausus que empiezan a aplicar monumentos como el Partenón.

El sector es consciente del reto, por lo que habrá que estar atentos al proyecto anunciado por la patronal para impulsar, con la vista puesta en 2024, una industria turística más ligada a la ciudadanía. El espacio público es de todos y de todos es la obligación de evitar que se convierta en otro bien de usar y tirar. Autonomías y ayuntamientos deben reaccionar a los efectos más perversos del turismo con legislaciones razonables. Entre la turismofobia y las expectativas de un sector económico clave, entre la libertad de quien viaja y la de quien se ve expulsado de su ciudad, ha de encontrarse un camino por el que avanzar con responsabilidad si no queremos que el modelo acabe muriendo de éxito.