Legítima defensa
El Gobierno de un país agredido no tan solo tiene el derecho sino la obligación de defender su territorio y con él la vida y la seguridad de sus ciudadanos, pero no se combate el crimen con otro crimen
La Carta de Naciones Unidas no debiera ser una herramienta a disposición de las conveniencias de cada uno de sus firmantes, para invocarla en algunos casos y olvidarla en otros. La prohibición de la guerra es un principio general, salvo cuando se trata del “derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado” (artículo 51). Vale para la respuesta de Ucrania a la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 y vale para la respuesta de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
El gobierno de un país agredido no tan solo tiene el derecho sino la obligación de defender su territorio y con él la vida y la seguridad de sus ciudadanos. En términos de guerra justa y legítima lo son las dos, la que libra Zelenski contra Putin y la que ha declarado Netanyahu contra Hamás. Nada se parece tanto a las carnicerías de Bucha y de Irpin como las masacres en el festival Supernova, Sderot y los kibutz de Beeri, Reim y Kfar Aza. Similares son también, en uno y otro caso, las matanzas, el desenfreno, la depredación, las violaciones, el desprecio por la vida y la dignidad de las personas, especialmente las más indefensas, y la vulneración de cualquier idea de derecho de guerra, con las ejecuciones sumarias, la toma de rehenes o los chantajes con amenaza de ejecutarlos.
Hamás tiene algo de Putin, mucho del Estado Islámico y una más, la peor y más definitoria, del racismo genocida y antisemita de Adolf Hitler. Juntas son una repugnante regresión a las épocas más primitivas de las guerras de exterminio, con ciudades cercadas hasta la muerte por inanición o por la peste de los asediados, el degüello de los derrotados, incluidos niños, mujeres y viejos, y la toma de prisioneros solo para torturarlos, esclavizarlos o canjearlos.
Difícil encontrar una causa tan justa como la autodeterminación del pueblo palestino tan mal servida por una guerra tan injusta y librada con medios tan injustos e inhumanos. El mayor peligro que se cierne ahora sobre Palestina es que una despiadada banda terrorista se convierta en la propietaria de su causa, quebrando la solidaridad con Palestina y enterrando de una vez y para siempre la posibilidad de obtener el Estado propio tan anhelado.
La Carta de la ONU también se aplica a Israel. No se combate el crimen con otro crimen. Se lo ha recordado Biden a Netanyahu: “Israel y Estados Unidos son más fuertes y seguros cuando actuamos de acuerdo con el imperio de la ley (the rule of law)”. Borrell ya le ha reprochado que el asedio al que está sometiendo a Gaza “no está de acuerdo con la legislación internacional”.
La ley que nadie aplica decae. La sustituye la ley de la selva. Es lo que está sucediendo con la Carta de Naciones Unidas y la institución responsable de su aplicación, el Consejo de Seguridad, paralizado en tres crisis sucesivas como la invasión de Ucrania por Rusia, la expulsión de la población armenia de Nagorno Karabaj y el ataque terrorista de Hamás a Israel. Putin será quien sacará el mejor partido de la vulneración generalizada de la Carta si Israel no atiende a los consejos de sus aliados.
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