Ruido en Gibraltar

El Ministerio de Exteriores envió este martes una nota verbal a la Embajada británica en la que denunciaba tres graves incidentes que se han producido recientemente en aguas españolas próximas a Gibraltar. Se trata del vertido de combustible cuando repostaba un buque de bandera panameña en una zona especial de conservación, del entorpecimiento a la tarea de una patrullera de aduanas española por embarcaciones de Estado británicas y del hostigamiento, también por parte de estas, a unos pescadores de La Línea cuando realizaban su trabajo. A escasas semanas de las elecciones en Gibraltar, Madrid ha recordado a Londres que no va a aceptar políticas de hechos consumados y que su posición a propósito de los espacios cedidos al Reino Unido en Gibraltar es la establecida en el Tratado de Utrecht.

El pasado mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, se pusieron en contacto para buscar cuanto antes una solución para Gibraltar, y resolver definitivamente las complicadas derivadas que surgieron tras el Brexit. Como con tantas otras cuestiones, era necesario buscar acuerdos que regularan lo que se había convertido en una frontera exterior. Reino Unido salió de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020, y por tanto también lo hizo Gibraltar, pero las relaciones del Peñón con su entorno se han mantenido sin cambios, y por tanto sin instalar controles, en una suerte de periodo transitorio mientras se alcanzaba un nuevo tratado. El adelanto electoral postergó un acuerdo que parecía más que encarrilado y cuyo objetivo era demoler definitivamente la Verja. La sintonía entre Sánchez y Sunak se podría ver ahora comprometida por los graves incidentes que se han producido en aguas próximas al Peñón y sobre las que España es soberana.

A finales de 2022 se dieron ya grandes pasos para regular las relaciones entre Reino Unido y la UE, después de que, en 2020, en el llamado Pacto de Nochevieja, hubiera ya un principio de acuerdo. Quedaban entonces escollos, relacionados con la presencia de agentes españoles en el puerto y el aeropuerto del Peñón. Para el ministro José Manuel Albares, que Gibraltar forme parte de Schengen (el espacio europeo sin fronteras del que forman parte 24 países de la UE más Suiza y Noruega) obliga a que sea España la que realiza los controles, al actuar como garante de que se aplican las normas de admisión. Durante los primeros cuatro años de aplicación de la nueva norma, se aceptó que los agentes españoles fueran asistidos por los de Frontex, la agencia europea de fronteras.

A falta de resolver los flecos que quedan para ese acuerdo —que tendrá que cerrar el próximo Gobierno— resulta chocante, aunque forme parte de los protocolos diplomáticos, que en la nota que envía Exteriores se vuelva a hacer referencia a un tratado firmado en 1713. Lo que importa de los acuerdos que estaban en marcha es lo que tiene que ver con el presente. Es decir, la desaparición de una frontera que no tiene ya sentido ni económica, ni política ni socialmente —la Verja—, la libre circulación de personas y mercancías, el uso conjunto del aeropuerto, la equiparación de las pensiones de los españoles que han trabajado en la colonia con las de los gibraltareños, la batalla común por el medio ambiente. Es poco probable que los incidentes recientes sobre los que España ha llamado la atención tengan implicaciones sobre ese pacto; pero suponen algo más de ruido en las relaciones entre los que están de un lado y otro de una línea que pierde cada vez más su sentido y que posterga la búsqueda de soluciones que están al alcance de la mano.