Capital privado para combatir el cambio climático

“De todas las reuniones en las que participé con la Unión Europea, esta ha sido la más exitosa”. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva resumió en pocas palabras el sentir general al término de la cumbre entre la UE y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), la primera desde 2015. Porque, aunque no haya estado exento de desacuerdos —como en cualquier gran familia—, el reencuentro ha sido mucho más cálido y fructífero de lo esperado. La Unión Europea se ha comprometido a invertir 45.000 millones de euros hasta 2027 en América Latina y el Caribe, y ambas partes se muestran más optimistas ante la perspectiva de concluir acuerdos de libre comercio pendientes desde hace años.

Un éxito, pues. Pero en realidad, a ambos lados del Atlántico, sabemos que no nos queda otra opción. Esta imperiosa necesidad de pasar a la acción de forma urgente y colectiva tiene un nombre: cambio climático. Urgente, porque no podemos perder más tiempo. Ya tenemos suficiente análisis y evidencia de lo que supone la crisis climática y de su impacto, especialmente para los más vulnerables. El planeta acaba de tener la semana más calurosa jamás registrada. Mientras que Europa hace frente a veranos tórridos, sequías e incendios, los científicos advierten que la Amazonía está en peligro de convertirse en una sabana, con consecuencias dramáticas para todo el planeta. Según el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe los desastres climáticos provocaron una pérdida promedio de 1,7% del PIB anual durante las últimas dos décadas. Y, lamentablemente, lo peor está por venir.

El impacto es especialmente devastador en las economías del Caribe: ocho países figuran entre los 20 con mayores pérdidas económicas y cinco de ellos en términos de muertes per cápita. Los desastres climáticos podrían empujar a la pobreza extrema a entre 2,4 y 5,8 millones de personas de aquí a 2030. No es casualidad que haya sido Mia Mottley, primera ministra de Barbados, quien diera el grito de alarma en noviembre de 2021. Su intervención suscitó un debate —muy oportuno y necesario— sobre cómo financiar las inversiones que se necesitan para enfrentar los efectos del cambio climático, lo cual es absolutamente imposible si no es mediante una acción colectiva. Porque la naturaleza global de esta crisis requiere actuaciones multilaterales, y porque la magnitud de las inversiones requeridas resulta imposible de financiar sino es mediante la movilización de capital privado.

Si tomamos como ejemplo la infraestructura básica, se calcula que las graves deficiencias en materia de agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones son responsables, cada año, de la reducción de un punto porcentual del crecimiento económico. Para cerrar las brechas existentes, se requiere invertir más de un 3,1% del PIB de la región. Un esfuerzo que los gobiernos por sí solos no pueden realizar y que podría acelerarse considerablemente con la intervención del sector privado.

América Latina y el Caribe ofrecen importantes ventajas comparativas para las inversiones en energías renovables como la geotérmica, la eólica, la solar, o la hidroeléctrica. También tiene un fuerte potencial para la producción del llamado “hidrógeno verde”, una industria clave para descarbonizar la producción de metal, cemento, cerámica y químicos. Chile, por ejemplo, podría producir 160 millones de toneladas de hidrógeno verde al año, posicionándose como uno de los países más competitivos en esta fuente de energía limpia.

Orientar las inversiones de las empresas europeas en esta dirección será decisivo. De hecho, ésta es una de las principales líneas de acción de la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial que apoya las inversiones para el desarrollo del sector privado. Tenemos la oportunidad —¡y el imperativo!— de fomentar inversiones con mecanismos de financiación centradas en la sostenibilidad medioambiental y la preservación de los recursos naturales, como por ejemplo la emisión de bonos verdes. Por eso es importante que, tanto en la UE como en la Celac, se adopten criterios rigurosos – las llamadas “taxonomías verdes” - para evitar la tentación del blanqueo verde o “greenwashing”.

Pero no solo se trata de movilizar capital nuevo. También es necesario cambiar parte de la asignación de recursos públicos. Tomemos como ejemplo los subsidios. De acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial , los subsidios para el consumo de combustibles fósiles, agricultura o pesca no sostenible, exceden los siete billones de dólares al año, equivalente a un 8% del PIB mundial. Resulta paradójico que tres cuartas partes de todos los subsidios que se conceden en el mundo relacionados con el sector energético se dediquen a combustibles fósiles, en lugar de a facilitar la transición a fuentes de energía limpia.

Ello no solo supone una pésima asignación de recursos públicos, sino que impide usar esos recursos para acelerar el cambio a modos de producción más sostenibles, generando los incentivos adecuados. Todo ello, sin mencionar el carácter altamente regresivo que estos subsidios generan, beneficiando más a los que más consumen en lugar de a los más vulnerables. Es menester recordar que en América Latina el 32% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el 13% se encuentra en situación de pobreza extrema.

La Unión Europea representó una tercera parte de toda la inversión directa extranjera en la región en 2021. De cara a la COP30 que se celebrará en Brasil en 2025 en la Amazonía, podemos ahora hacer mucho más y trazar un camino ambicioso por el que las dos regiones caminen hombro con hombro, y de forma urgente, para construir sociedades más resilientes e inclusivas, y luchar contra la gran crisis climática en la que nos encontramos.