La enmienda de Boluarte

Las protestas que entre diciembre y marzo convulsionaron Perú exigiendo la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones anticipadas volvieron a reactivarse el miércoles en la capital y en buena parte de las provincias del interior. La movilización central, bautizada como “tercera toma de Lima”, congregó a miles de personas en el centro histórico. Si bien no fue tan multitudinaria como marchas anteriores, supuso una significativa demostración de descontento tras cuatro meses de pausa. Los manifestantes, en su mayoría procedentes del centro y el sur del país, lograron llegar hasta el Congreso de la República, una institución profundamente desprestigiada, símbolo de la inestabilidad política y del malestar ciudadano. Pero lo más relevante fue que Perú pudo vivir una jornada de protesta sin mayores incidentes (tras la feroz represión de las anteriores). En esta movilización eminentemente pacífica apenas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El enorme despliegue policial dispuesto por el Gobierno contribuyó quizá a que buena parte de los limeños no se sumaran a la marcha, aunque la reactivación de las manifestaciones contra Boluarte va más allá de la capital. Según la Defensoría del Pueblo, hubo bloqueos de carreteras en 64 provincias, esto es, en cerca de una tercera parte del territorio peruano.

En realidad, no ha cambiado ninguna de las premisas que motivaron las protestas tras el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, que hoy sigue en prisión preventiva. El panorama es hoy más sombrío puesto que la presidenta que le sustituyó enterró en junio la posibilidad de convocar elecciones antes de julio de 2026, rompiendo su propia promesa. La mandataria siempre ha rechazado las protestas y la víspera calificó la marcha de Lima de “amenaza a la democracia”, aunque después de la protesta un discurso conciliador permitió abrir una puerta al diálogo. La indignación de los manifestantes y de amplios sectores de la sociedad peruana por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad para reprimir la primera oleada de movilizaciones no ha disminuido. Al menos 49 civiles fallecieron en los choques con los uniformados y esos excesos siguen siendo uno de los principales argumentos para exigir la renuncia de Boluarte.

La jornada volvió a mostrar las diferencias entre las banderas de los manifestantes. Si una gran mayoría solicita que la presidenta dé un paso atrás y convoque elecciones, esa unanimidad se resquebraja cuando a la ecuación se añaden las exigencias de liberación de Pedro Castillo, que está recluido a la espera de sentencia firme por ser el presunto líder de una organización criminal y por rebelión. Lo más inteligente por parte del Gobierno de Boluarte y lo mejor para el país es ahora escuchar las demandas de los manifestantes y abrirse a definir una creíble agenda de diálogo.