Una UE ambiciosa y concreta

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y el del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, dieron ayer la señal de salida al semestre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE). En sus discursos mezclaron la ambición solemne y las concreciones prácticas para una institución que ha reportado a sus socios dos tercios de siglo de paz y de prosperidad. Von der Leyen y Sánchez aseguraron que la Unión tiene “una visión de cómo afrontar el cambio” o, en realidad, la pluralidad de cambios (social, verde, digital) que se avecinan o ya están aquí. El futuro que desplegaron supone “avanzar en una visión federal” para compartir “más solidaridad y más políticas”, sin incurrir en lirismos evanescentes pero tampoco en el tecnicismo frío y alejado de la ciudadanía: un cierto impulso de misión civil y colectiva necesaria se desprendió de una ceremonia que en el fondo coronaba intensas sesiones de trabajo de ministros y comisarios.

La presidencia de la UE está sujeta al funcionamiento institucional del sistema y por encima de ella figura la jefatura permanente del Consejo Europeo. Pero su margen de maniobra es amplio: de la presidencia depende insuflar aliento propio y una cierta dirección en la medida que controla la agenda de casi todos los consejos de ministros de los 27 y con ella puede ralentizar, acelerar o pactar prioridades. El impulso político en buena parte depende de ella y este es un momento excepcional que no debe limitarse a la gestión cotidiana o rutinaria de los asuntos y seguir abanderando la defensa de la democracia frente a la despótica invasión rusa de Ucrania, favorecer la distensión entre las superpotencias, pelear por la consolidación de los significativos avances impulsados a través de los Fondos Next Generation tras la pandemia.

Entre esos ingredientes figura de forma muy destacada el impulso a la integración de Ucrania en la UE, según subrayaron Von der Leyen y Sánchez, pero no de forma incondicional o precipitada: el examen de sus avances en derechos, libertades y modernización económica irá de la mano de la misma capacidad de absorción de la factura económica que supondrá para la UE. Y, además, es impensable una Europa con más de 30 socios (que incluyan también a los Balcanes o Moldavia) sin una revisión institucional que reforme el sistema de votación, que reduzca aún más el paralizante requisito de unanimidad y dé paso a otras formas de mayorías reforzadas: ese parece ser el destino tangible de la cumbre de Granada prevista para el 6 de octubre.

Destacan también otras prioridades en el semestre. La cumbre con la CELAC latinoamericana es una de ellas, además de ser una enorme novedad en muchos años, y otra es la rúbrica del acuerdo UE-Mercosur. Ambas deberían despejar viejos recelos entre los más proteccionistas europeos (como Francia e Irlanda) y los mal avenidos socios de América del Sur. El pacto sobre inmigración debe implicar conjuntamente a todos los países en función de sus distintas circunstancias y parece mejor encarrilado tras la reciente cumbre en que Varsovia y Budapest quedaron en minoría, sin siquiera el apoyo de la Italia de Giorgia Meloni. También la reforma de las reglas fiscales (o Pacto de Estabilidad) requerirá un gran acuerdo Norte-Sur para que la responsabilidad fiscal no atente contra el crecimiento y el empleo, mientras la política energética tiene aristas más difíciles. El compromiso español ante este semestre no puede depender de la titularidad de La Moncloa tras las elecciones, sino del sentido de Estado, sea quien sea quien figure al frente de la presidencia de la UE.