Cultura sin ministerio

La propuesta del líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de eliminar el Ministerio de Cultura para englobarlo en una misma cartera con Educación y Universidades y devolverlo así a su condición subsidiaria de Secretaría de Estado —como han hecho históricamente los gobiernos del PP— envía un mensaje a la ciudadanía desmoralizador para lo que constituye un potente sector económico que emplea a más de medio millón de personas y aporta un 3% del PIB. El Ministerio de Cultura ha visto duplicado su presupuesto en los últimos cinco años, pero aun así está dotado con una de las partidas más exiguas, unos 1.400 millones de euros, por debajo del 0,37% total del gasto (que con Deportes llega hasta los 1.700 millones), destinados a múltiples sectores estructurales que van desde las bibliotecas públicas, los museos grandes y pequeños, la preservación del patrimonio o la promoción del consumo cultural a través de una buena idea todavía mal difundida, como es el bono cultural (solo accedieron un 58% de los potenciales jóvenes beneficiarios).

La perseverancia del PP en preferir para Cultura una secretaría de Estado en lugar de un ministerio lo aleja de lo que debería ser una política de Estado sin color político y capaz de proyectar la producción cultural española más allá de banderías o partidismos. Ni el apoyo a la producción cinematográfica, ni a los festivales de música y danza, ni a las exposiciones museísticas, ni a la promoción de una plataforma como Todostuslibros.com estarán mejor protegidos (y menos todavía mejor dotados presupuestariamente) subordinándolos en un ministerio que agrupe otras áreas. Tampoco es el mejor indicio del aprecio de los populares por la cultura que figure entre las carteras que el PP ha cedido a Vox en acuerdos de gobierno como el firmado para la Comunidad Valenciana.

Desaprovechar o devaluar el capital cultural del país es un despropósito político que afecta al conjunto de la sociedad y perjudica la proyección internacional de España tanto en Europa como en América Latina. Cuando España está lejos todavía de las cifras que invierten en Cultura países como Francia —modelo de Estado cultural con resultados concretos en cifras de consumo—, parece un contrasentido rebajar la categoría institucional de la gestión pública de la Cultura y camina en dirección contraria a lo que el último secretario de Estado de Cultura con un Gobierno del PP, José María Lassalle, considera necesario para dar “una señal clara de que la cultura es un bien público esencial”: mantener su rango ministerial. Justificar la medida propuesta por el ahorro de unos cuantos sueldos parece desconocer el desprestigio que conllevaría en el ámbito internacional una decisión que rezuma desconfianza hacia un sector crucial para la salud democrática de un país desarrollado.