La UE dictamina sobre los VTC

La justicia europea acaba de sentenciar que la limitación del número de licencias a los vehículos de transporte con conductor (VTC) es contraria al derecho comunitario en una sentencia a propósito de un recurso contra el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El fallo tiene, sin embargo, alcance nacional al desactivar la principal arma que han usado las comunidades autónomas reacias a las plataformas de este tipo de transporte como País Vasco, Valencia, Baleares, Aragón o la propia Cataluña. Los taxistas se han aferrado a la parte de la sentencia que más les beneficia, la que autoriza que ayuntamientos o comunidades autónomas introduzcan una licencia adicional para las VTC. Aunque no hay que olvidar que el Tribunal de Luxemburgo deja claro que esa segunda licencia debe justificarse por razones de gestión de tráfico o motivos medioambientales, no para salvaguardar el negocio del taxi.

Las licencias de taxi son un tesoro tan apreciable como la de un estanco o una administración de lotería, porque permite a sus dueños disponer de un negocio de por vida cerrado a la competencia, pero llevan congeladas desde hace cuatro décadas y hoy hay el mismo número de taxis que entonces, en torno a 60.000. No importa que ciudades como Madrid y Barcelona y sus núcleos metropolitanos se hayan casi duplicado o que haya 10 millones más de habitantes en el país. Los taxistas consiguieron que los ayuntamientos, sea cual sea su color político, no dieran licencias todos estos años.

El avance de la tecnología ha dado solución a esa demanda añadida de transporte urbano con la aparición de los VTC. Mediante una sencilla aplicación en el móvil permiten alquilar un vehículo casi al instante en distintas plataformas (Uber, Cabify o Bolt), conociendo el precio del trayecto de antemano. Los taxistas se enfrentaron a estos vehículos alegando que los arruinan y que no se someten a las mismas normas que regulan su negocio, y consiguieron que en España se les impusiera un tope legislativo de un permiso VTC por cada 30 taxis.

La sentencia europea aclara el contencioso entre taxistas y VTC, pero no lo cierra. Las distintas administraciones deben replantear ahora sus normativas para regular una actividad que necesariamente van a tener que compartir ambos colectivos. Por una parte, los taxistas deben asumir que en una economía de libre mercado no se puede prohibir la competencia por ley, y deben adaptar su negocio a los nuevos tiempos. Y las plataformas de VTC no pueden ser desleales, deben cumplir normas menos laxas y asegurar unas condiciones laborales dignas a sus conductores, muchas veces sometidos a horarios y salarios con la precariedad de los de los repartidores (riders).