Las pequeñas empresas de VTC se suman al conflicto de la movilidad en Barcelona con tres días de protesta

Visten trajeados, conducen Mercedes y llevan décadas implantados en la ciudad, antes de la irrupción de plataformas como Bolt o Uber. Unos 200 vehículos con conductor (VTC) -según Guardia Urbana y los manifestantes-, pero de empresas pequeñas, han desfilado por el centro de Barcelona con una marcha lenta, al igual que hicieron los taxistas hace dos semanas, reclamando que se les considere en la regulación que afecta al transporte del Área Metropolitana. A inicios de año entró en vigor el decreto ley de la Generalitat que limita las licencias VTC, que abarcan tanto estos chóferes de pequeñas empresas a grandes plataformas como Uber o Cabify. La asociación VTC-Gran Turisme de Catalunya ha convocado otras dos marchas lentas -este martes y miércoles- por el centro de la ciudad para modificar la legislación.

El portavoz de la entidad, Román Llort, ha denunciado este lunes frente a la estación de Francia, al final de la protesta, que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) no reconoce que su actividad está “diferenciada del taxi y del VTC de plataforma”. Exigen una ley de acompañamiento al último decreto que arregle “un despropósito” por el que apenas han concedido 300 licencias para servicios urbanos. Esta regulación pensada para limitar a plataformas como Uber, “está ahogando” a las pequeñas empresas, según el representante: “Llevamos toda la vida aquí. Calculamos que un 75% de los miembros de la asociación -unos 800 conductores- están fuera, en todo el sector serán más”.

“Estamos pagando un fallo administrativo con este último decreto”, denuncia Lejun, que trabaja en el transporte desde 2010 y a finales de 2021 adquirió cinco licencias VTC con varios socios para operar como chóferes, enfocando el negocio en actividades de lujo como los congresos. Ninguna de sus licencias es operativa en el ámbito urbano desde el 1 de enero y puede exponerse a una multa de 4.000 euros y la retención de vehículo de la policía. Lamenta que ya está gastando esa cifra de dinero en un abogado para recurrir el nuevo decreto ante el AMB, y mientras tanto seguirá conduciendo “con miedo” su pequeña flota: “Hay que sacar el negocio adelante y no somos piratas, estamos licenciados”.

Mientras que Llort denuncia que “se pasan la pelota entre el Departamento de Territorio y AMB”, fuentes de Territorio aclaran que esperan retomar las reuniones con el sector para “seguir trabajando y encontrar soluciones”.

La nueva categoría de licencia urbana, otorgada por la AMB a través del Instituto Metropolitano del Taxi, abarca “entre 300 y 600″ licencias de VTC de las casi 3.000 activas en Cataluña, según Territorio. La nueva norma “ha excluido a muchas VTC tradicionales que operan desde hace 20 años en la ciudad, prestando servicios a empresas sobre todo”, según afirman fuentes del departamento. Entre sus propuestas legales sobre el transporte, apuntan a que en “unos nueves meses” puede actualizarse el Decreto 314/2016 que regula las empresas de intermediación, principalmente centrado en las radio emisoras de taxi. También ofrecen una nueva ley del taxi que sustituya a la aprobada en el 2003 “en el largo plazo”, porque “tiene que nacer de un amplio consenso político y social” que involucre a sindicatos, empresas y partidos.

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