Nuestro sistema electoral es seguro y democrático

Durante estos días finales de campaña electoral han surgido sospechas de compra de votos y supuesta manipulación electoral en varios municipios, como la ciudad autónoma de Melilla, Mojácar, Bigastro, Moraleja de Sayago o Villalba del Alcor. Estos episodios, perfectamente identificados y que han sido rápidamente abordados administrativa, policial y judicialmente, han servido de excusa a partidos y a ciertos tertulianos para sembrar una sombra de duda sobre la seguridad y la transparencia de nuestro sistema electoral. Se intenta acusar a determinados partidos como autores de un fraude generalizado, se señala a los presuntos autores de las ilegalidades como si fuesen representantes de todo el espectro político y, en suma, no se busca esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades sino, simplemente, enturbiar el proceso electoral. Se trata de la típica técnica de exagerar un caso puntual entre millares para proyectar dudas sobre el sistema electoral en su conjunto.

¿Son los mecanismos electorales españoles seguros y garantizan a los ciudadanos la pureza de su sufragio y la integridad de las elecciones? Nuestra respuesta es categórica: sí. La democracia en nuestro país no ha sido seriamente cuestionada en sus 46 años de existencia por denuncias creíbles de fraude, manipulación de resultados electorales o falsificación de estos. Siempre se ha reconocido por las diversas fuerzas contendientes el resultado obtenido. Desde 1977 hasta nuestros días se han realizado 14 elecciones generales, 13 autonómicas, 10 municipales y 7 europeas. Multipliquemos estos datos por los miles de mesas electorales, por las personas que han participado, por las distintas candidaturas que han concurrido y seremos conscientes de la formidable movilización de la sociedad en torno al hecho electoral y, conviene subrayarlo, con un volumen de problemas realmente reducido. De ahí lo improcedente de establecer generalizaciones malintencionadas o desconocedoras sobre la auténtica realidad electoral española. Una realidad reconocida por algunos de los rankings que miden la calidad de las democracias en perspectiva comparada (Democracy Index de The Economist; Electoral Democracy Index de V-Dem; o Freedom in the World de Freedom House); una realidad contrastada empíricamente por iniciativas académicas internacionales como el Electoral Integrity Project; una realidad que se desprende, en fin, de los distintos informes realizados sobre el caso español por misiones de observación electoral de organismos internacionales como la OSCE.

El ordenamiento y los procedimientos electorales son plenamente garantistas y, además, contemplan una serie de sanciones y delitos electorales. Estos delitos están señalados en la Loreg (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), donde también se detallan las penas que pueden imponerse a quienes incurran en alguna ilegalidad. Hay hasta 11 conductas castigadas como delito en la ley electoral (arts. 139 a 150 Loreg).

Por ejemplo, un tema de actualidad, porque alrededor de él se ha generado controversia durante estos días, es el voto por correo. Pues bien, el voto por correo tiene al menos dos momentos de autentificación por parte del elector. Es decir, las posibilidades de suplantación o manipulación son reducidas, a no ser que se produzca el hecho delictivo de la compra de votos, con participación de los propios electores concernidos, o de solicitudes manipuladas. Por tanto, no es el sistema de garantías el que está en cuestión, sino la realización de conductas ilegales y delictivas, que deben atajarse, por parte de las fuerzas de orden público y de la justicia, con las máximas celeridad y contundencia, además de introducirse mejoras de forma inmediata en el mecanismo del voto por correo para minimizar las posibilidades de fraude.