Candidatos de Bildu

La presencia en las más de 300 listas de Bildu para las elecciones municipales en Euskadi y Navarra de 44 ciudadanos que fueron condenados por colaboración o pertenencia a ETA, entre ellos siete por delitos de sangre, ha provocado un debate inédito, suscitado por Covite, asociación vasca de víctimas del terrorismo, después de un minucioso rastreo de los candidatos abertzales, sobre la conveniencia de fijar unos criterios políticos y éticos mínimos para las listas electorales. Los partidos han eludido pronunciarse sobre la cuestión de fondo que plantea Covite y algunos, particularmente el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, han aprovechado su primer mitin de campaña para atacar al PSOE, pese a que los socialistas lamentaran la presencia de exetarras en las listas, por sus acuerdos parlamentarios puntuales con Bildu durante esta legislatura.

La incuestionable legalidad de las listas de Bildu, reconocida por la Junta Electoral, no agota la reflexión sobre su significado. Los 44 exmilitantes o excolaboradores de ETA ya ajustaron sus cuentas ante la ley y tienen reconocidos plenamente sus derechos, incluido el de presentarse como candidato y representar políticamente a los ciudadanos que les voten. El problema se plantea en el terreno ético y político.

Por un lado, su participación electoral es un éxito de la democracia. El hecho de que exmilitantes o exsimpatizantes de ETA accedan a participar hoy en la vida política, tras haberla atacado con las armas durante años, es un reconocimiento, aunque tardío, de la superioridad moral del sistema democrático, amparado en la Constitución. Es, además, lo que los partidos democráticos han venido pidiendo sistemáticamente a ETA y su entorno durante décadas. Sin embargo, la presencia electoral de estos candidatos, especialmente los siete que cumplieron condena por delitos de sangre, provoca dolor a las víctimas, como denuncia Covite, y puede bordear la actitud matonil de quienes obvian el significado de candidaturas con pasado sangriento. Los dirigentes de Bildu tienen que ofrecer una explicación, más aún cuando Arnaldo Otegi en octubre de 2021, con motivo del décimo aniversario del final del terrorismo, se comprometió a aliviar a las víctimas de ETA con el respeto y la memoria. Corroboró su compromiso con la prohibición de la práctica de los ongi etorri, los recibimientos públicos y homenajes a los presos etarras excarcelados.

Todo apunta a que Otegi, presionado por los sectores radicales, ha primado la cohesión interna sobre su compromiso con las víctimas. Pero Bildu está obligado a avanzar en ese compromiso por razones éticas y políticas. Difícilmente podrá ampliar su espacio electoral y gobernar algún día en Euskadi si no completa su recorrido de aproximación a las víctimas con el reconocimiento de que el terrorismo etarra no tuvo justificación. Mientras no lo haga, seguirá existiendo el riesgo de que se repitan episodios tan lamentables y contrarios a la más elemental piedad humana como estas listas. Es legal, pero es cruel e infame.

No es la primera vez. Ha sido habitual la presencia de exetarras en las listas abertzales. Josu Ternera, exdirigente de ETA, fue candidato y parlamentario por Euskal Herritarrok en 1998, y Juan Carlos Yoldi, siendo preso etarra, fue candidato a lehendakari por Herri Batasuna en 1987 y debatió en el Parlamento vasco. En 2019, Bildu presentó a 24 candidatos con condenas por terrorismo (uno por delitos de sangre), pero ahora ocurre cuando la izquierda abertzale está plenamente integrada en la vida política vasca y española.

La responsabilidad de Bildu no evita que haya que lamentar, una vez más, que la derecha española utilice una cuestión de Estado, como es el terrorismo, para confrontar con el Gobierno por razones electorales. Con su pretendida actitud de defensa a las víctimas no las beneficia sino que las divide, como divide a la sociedad, e impide un debate racional pendiente sobre el final del terrorismo y sus consecuencias. Sorprende, incluso por las mismas razones electorales que impulsan esta utilización partidista, porque exacerbar este doloroso episodio solo beneficia a Vox.