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EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Contar el pasado de ETA

El rechazo de los gobiernos español y vasco a las webs de Oroimena señala la ruta de una reconciliación creíble y justa

El cuerpo de Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional, asesinada por ETA en Madrid el 12 de septiembre de 1989.
El cuerpo de Carmen Tagle, fiscal de la Audiencia Nacional, asesinada por ETA en Madrid el 12 de septiembre de 1989.Luis Magán
El País

La noticia de que las webs de memoria de seis ayuntamientos gobernados por Bildu y alguno del PNV equiparan a víctimas del terrorismo con presos etarras bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos es una aberración democrática. La iniciativa parte de la web municipal Oroimena a instancias de la sociedad privada de ciencias Aranzadi, que ha aceptado revisar los contenidos. Cinco años después del final de ETA, la transformación más importante que ha vivido Euskadi deriva directamente de su derrota política y social: la extorsión, el silencio forzoso, el miedo y la violencia pura han dejado de ser parte rutinaria de la vida cotidiana. Toda gestión del pasado traumático es lenta y difícil, pero síntomas como las webs mencionadas despiertan la indignación genuinamente democrática sobre el modo en el que el pasado reciente se cuenta en presente y desde los poderes públicos.

El indicador más potente del cambio del clima social está en el porcentaje de población que expresa sin equívocos su rechazo al empleo de la violencia para fines políticos: cerca del 90% de la población vasca lo considera inaceptable, según las últimas encuestas, a la vez que las víctimas del terrorismo reciben un progresivo reconocimiento social e institucional. Pero no sucede lo mismo con la visión del pasado. Una parte importante de la sociedad vasca ha optado por el olvido o la desmemoria. Ha decidido rehuir la mirada a un pasado incómodo en el que el terrorismo vasco no atacó indiscriminadamente a la sociedad vasca sino a sectores concretos.

Pese al esfuerzo social e institucional que despliegan instituciones como el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, las unidades didácticas para centros escolares o las víctimas educadoras en las aulas, el hecho es que una mayoría de jóvenes sigue confesando un gran desconocimiento del pasado terrorista en Euskadi, según los educadores y las encuestas. Una parte de ese déficit tiene origen expresamente político y su responsabilidad recae en Sortu, el núcleo duro de Bildu. Es cierto que jugó un papel positivo en el tramo final del terrorismo al enfrentarse a los sectores más recalcitrantes y fanatizados y que hoy rechaza la violencia terrorista. Pero parte de su función está siendo también el blanqueamiento del terror etarra por vías indirectas: Sortu sabe que es imposible justificar explícitamente a ETA y que hoy el rechazo de la sociedad vasca al terrorismo es tajante. Su apelación a “todas las memorias” y todos los sufrimientos bajo un genérico conflicto vasco disipa las responsabilidades de quienes blandieron las armas con objetivos políticos. La guerra sucia fue una abyección de Estado, que acabó en 1987, y ni absuelve ni justifica los asesinatos y las bombas de ETA.

El acercamiento de Sortu a las víctimas es parte de su proceso de reeducación democrática, pero sigue sin haber pasos significativos en la autocrítica por su complicidad con ETA. Ni su estrategia de equiparación de víctimas y verdugos, ni la presunta generalización del sufrimiento bajo el caparazón del conflicto vasco están a la altura de la exigencia de una democracia capaz de suturar heridas y reparar daños muy recientes. La respuesta contundente de los gobiernos central y vasco para que los ayuntamientos retiren el programa Oroimena nutre la esperanza de que el largo proceso de pacificación pública y privada en la sociedad vasca sepa encontrar remedio a las resistencias residuales y a las deformaciones inaceptables del pasado.

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