Eléctricas investigadas

Hasta 35 comercializadoras de electricidad están siendo investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por presunta especulación colectiva sobre los precios. La sospecha es que se concertaron para aprovecharse de la excepción ibérica conseguida en la UE por España y Portugal, es decir, el mecanismo concebido para rebajar los precios en el mercado mayorista eléctrico, abaratar la factura de la luz, limitando el del gas que se usa para fabricar electricidad.

Según el expediente abierto hace un mes por la CNMC, compraban electricidad en el mercado español al límite de las sesiones, y a un precio más favorable, para revenderla después a precios más elevados en el mercado francés, con problemas de abastecimiento derivados de la obsolescencia de sus centrales nucleares. Conviene resaltar este último aspecto, pues el modelo ibérico fue aprobado por Bruselas únicamente después de que se garantizase el suministro a Francia en similares condiciones que en los dos países peninsulares. Este es el factor novedoso aprovechado presuntamente por la acción coordinada de las compañías. Al deteriorar, falsear o corromper ese abastecimiento igualitario, erosionarían el prestigio de su propio país ante los socios europeos. Y es esa conducta lo que busca averiguar la rápida actuación de la CNMC como organismo regulador crecientemente eficaz y cuyos poderes en lo tocante a la efectividad de sus sanciones convendría reforzar.

Otro elemento inédito en la actuación de este presunto cartel es el sustancioso margen de ganancias obtenido, pues la excepción ibérica ha aumentado la brecha de precios entre el mercado ibérico y el resto, en favor del primero. Si las actuaciones inadecuadas de este género certifican el acierto del sistema reductor de precios conseguido por España y Portugal, hace cerca de un año, al mismo tiempo podrían desincentivar su prolongación, en perjuicio de los consumidores ibéricos.

Tanto la conducta básica de las supuestas compañías conjuradas, consistente en aliarse para distorsionar el precio de su mercancía, como el daño eventualmente producido en otro Estado miembro (y, por tanto, en una porción significativa del mercado europeo) estarían atentando directamente contra el mercado interior. Así que la política de defensa de la competencia cada día se muestra más relevante como instrumento progresista destinado a contrarrestar las tentaciones de quienes pretendan aprovecharse indebidamente de sus posiciones hegemónicas, o tracen acuerdos contrarios a sus competidores y a los mismos consumidores.

Esta señal de alerta es tanto más útil en cuanto que atravesamos momentos de alta inversión y otras medidas de reforzamiento de los mecanismos públicos, que deben ser preservados de cualquier posible desnaturalización, una vez aprobada por Bruselas la prolongación del mecanismo de la excepción ibérica solicitada por España y Portugal hasta fin de 2023. El sector eléctrico arrastra ya demasiados problemas reputacionales como para agravarlos con indicios de actuación concertada ilegal.