La CNMC investiga a una treintena de comercializadoras eléctricas por supuesta especulación con la excepción ibérica

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente para investigar la actuación de 35 comercializadoras de electricidad por aprovecharse, presuntamente, de la llamada excepción ibérica, el mecanismo que aprobó el Gobierno para rebajar los precios en el mercado mayorista eléctrico y abaratar la factura de la luz. El organismo presidido por Cani Fernández analiza si la treintena larga de empresas sobre las que ha posado su lupa —muchas de ellas muy pequeñas, pero entre las que también figuran algunos nombres más conocidos, como Cox Energy (que acaba de hacerse con los activos de Abengoa), Fenie Energía, Som Energía o cooperativas como Goiener S. Coop—, actuaron de forma concertada para comprar electricidad en el mercado español, al límite de las sesiones y a precio favorable, para venderla después —a un precio más alto— en el mercado francés.

La práctica que investiga Competencia se llevaba a cabo en un mercado eléctrico llamado “de acoplamiento”, cuya casación se produce todos los días a las tres de la tarde. Dado que la primera oferta en llegar es la que suele vender la energía, según explican fuentes del sector, la pugna se convierte en una carrera por ser el primero en ofertar. El margen de ganancia de esta operativa ha sido particularmente alta tras la aprobación de la excepción ibérica, que, durante meses, ha agrandado la brecha entre los precios españoles (más bajos) y los franceses (más altos). Durante este periodo, por tanto, el margen de ganancia de esas ventas ha sido mucho mayor.

Fuentes al tanto de la investigación aseguran que el expediente de Competencia, recién iniciado, trata de aclarar si las comercializadoras actuaron de forma agrupada y concertada, dado que —dice— existen coincidencias en el patrón de las compraventas e incluso en la dirección IP a través de las que se canalizaron las transacciones. Un extremo que niegan las compañías investigadas, que califican la acusación de “infundada” en sus escritos de alegaciones. “No se ha realizado ninguna práctica tipificada como infracción de mercado y las ofertas se han ajustado a las reglas de mercado en todo momento”, argumenta una de ellas. La CNMC ha declinado hacer comentarios al respecto: “Es un proceso que está en instrucción”, afirma un portavoz del ente consultado por este diario.

La apertura de un expediente sancionador es una investigación sobre la operativa llevada a cabo por algunas empresas, no una sanción en sí misma. Desde su incoación, el pasado 16 de marzo —aunque el anuncio en la página web de la CNMC no ha llegado hasta esta semana, un mes después—, hay un periodo máximo de 18 meses para que la dirección del organismo resuelva.

Las comercializadoras afectadas por el expediente trabajan, habitualmente, con expertos en operaciones de trading, como es el caso de Neuroenergía (también en el expediente), con los que se reparten los beneficios. Aunque los importes de las ganancias presuntamente obtenidas por estas eléctricas no son muy elevados en muchos casos, la investigación de Competencia pone el acento en un mecanismo, el de la excepción ibérica, ideado por España y Portugal y aprobado hace un año con el respaldo de Bruselas.

Las empresas investigadas (Agri Energía; Aire Limpio; Alpex Ibérica de Energía; Alterna Operador Integral; Alumbra Corporación; Ausarta Prima; Cibeles Energía Century21 Go; Cox Energía Comercializadora España; Cye Energía; Eléctrica Sollerense; Electricidad Eleia; Energía Nufri; Enerplus Energía; Enerxia Galega Mais; Estabanell Impulsa; Estrategias Eléctricas Integrales; Fenie Energía; Foener Energía; Gaolania Servicios; Globelight Energy; Goiener S. Coop.; Hola Luz-Clidom; IM3 Energía; Integración Europea de Energía; Inteligencia para el Ahorro Energético; Neuroenergía; Next Energía XXI; Potenzia Comercializadora; Renewable Ventures; Som Energia; Swap Energía; The Yellow Energy; Tu comercializadora de energía de luz, dos, tres; Union Electro-Industrial; y Vatio Wholesale) recibieron a mediados de marzo una notificación de Competencia sobre la incoación del expediente.

La excepción ibérica, también conocida como tope al gas, limita su precio en los ciclos combinados —en los que se quema gas para obtener electricidad y que suelen marcar el precio de toda la electricidad en muchos tramos del día—. En los momentos en los que la cotización de este combustible estaba por las nubes, el mecanismo ha ejercido de cortafuegos, al permitir un desacoplamiento entre los dos mercados ibéricos (España y Portugal) y el resto de Europa, Francia incluida.

Aunque el mecanismo lleva inactivo desde hace casi dos meses —en los que el precio del gas ha estado por debajo del umbral fijado para su entrada en funcionamiento—, los Gobiernos español y portugués acaban de pactar con la Comisión Europea su prórroga hasta final de año como una suerte de seguro por si el gas vuelve a encarecerse. El Gobierno cifra en más de 5.000 millones de euros el ahorro para los hogares derivado de la excepción ibérica, pero el PP se ha mostrado particularmente crítico con la medida, que, dice, esconde una “subvención” de los consumidores españoles a los franceses.

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