Acuerdo en México

La compra anunciada esta semana por el Gobierno mexicano de 13 plantas de generación eléctrica de Iberdrola ha puesto fin a un conflicto que se ha prolongado durante casi todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a quien le falta un año de mandato. Una polémica que se ha extendido a las empresas transnacionales, especialmente españolas, que operan en el país. El mandatario habló de una “nueva nacionalización”, en línea con el discurso que permea toda su política energética, aunque se trata en esencia de un negocio sellado con un apretón de manos con Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía. Y es de celebrar, por encima de todo, el diálogo entre las partes y que se haya producido un acuerdo en el respeto del marco jurídico de México y que satisface a los intereses de los accionistas.

Gracias a esta operación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado mexicano, liderará el sector tras meses de batallas legislativas entre el oficialismo y la oposición y en los que quedó reforzada por un paquete de reformas que le otorgan prioridad en la contratación frente a los competidores privados. La clave de la transacción, que asciende a unos 5.500 millones de euros y representa el 80% de los activos de generación de Iberdrola en el país, es la venta de plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural. Se trata de tecnología antigua, pero al mismo tiempo México aprovecha la transición de las empresas hacia la descarbonización para multiplicar su presencia en el mercado.

López Obrador ha hecho de su plan energético una declaración de intenciones ideológica. No obstante, la reforma que trató de impulsar recibió un varapalo en el Congreso hace ahora un año. Antes, y más después del rechazo a sus planes, han sido constantes las referencias a los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, que nacionalizaron el petróleo y la industria eléctrica. Por eso también, hace semanas, convocó una gran movilización para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera. Y por eso el presidente presumió, con la compra de las plantas de Iberdrola, de una nueva nacionalización. Esta estrategia se dirige principalmente a las bases de Morena, el partido que sostiene al Gobierno, y estuvo acompañada de críticas a la presencia de empresas transnacionales.

Iberdrola fue el blanco de muchas de esas acusaciones. Sin embargo, lo sucedido esta semana demuestra que más allá de la retórica ha prevalecido la negociación y voluntad de consenso. El propio Sánchez Galán indicó que las conversaciones con López Obrador se remontan a 2021. Las dos partes se sentaron y se alcanzó un acuerdo que satisface ambas. En definitiva, un negocio que, sin ser una situación ideal para un inversor privado por el sistema energético del país y por la voluntad de su mandatario, supone una salida razonable para los implicados.