La condena de Laura Borràs

El atrincheramiento político de Laura Borràs, presidenta suspendida del Parlament, tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel y a 13 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de falsedad continuada vulnera de forma radical el decoro exigible a quien ostentó la segunda autoridad de Cataluña y sigue ejerciendo la presidencia de Junts. La relevancia de ambos cargos debería descartar cualquier tentación al pataleo o de resistencia ante una condena fundada en la ilegalidad de su comportamiento cuando fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Los hechos se remontan a 2013 y continúan hasta 2017, un año antes de abandonar el cargo.

La ausencia de lucro y la falta de proporcionalidad de la pena ha aconsejado al tribunal la propuesta de solicitar un indulto parcial al Gobierno cuando haya sentencia firme para evitar la cárcel a la dirigente independentista, dado que, según el tribunal, los trabajos encargados se realizaron y no hubo daño patrimonial a la Administración. Ha sido el mismo Pere Aragonès quien pidió a Borràs “dar un paso al lado” y renunciar a la presidencia del Parlament, y en este sentido se han pronunciado el resto de los partidos políticos catalanes, excepto Junts.

El independentismo no ha sido juzgado por el TSJC: lo que ha juzgado y sentenciado es la conducta ilegal de una independentista al frente de un organismo autónomo de la Generalitat. Exigir su restitución “inmediata” en el cargo, como ha pedido Borràs, y descalificar al tribunal por injusto, sitúa a la líder fuera de la responsabilidad institucional y muy cerca de prácticas trumpistas que sabotean las instituciones. La indignada acusación de Borràs al tribunal de defender la unidad de España busca eludir el asunto central: trocear contratos para favorecer a alguien es un delito, y ese ha sido el caso.

A petición de Ciudadanos, la Junta Electoral puede decidir en cualquier momento retirarle el acta de diputada. Borràs ha anunciado que no acatará esa decisión, pero sería deseable que ella y su partido recapacitasen sobre el daño que causan al Parlament y entierren la estrategia de blandir una motivación ideológica para una sentencia que prueba los errores administrativos que cometió en el ejercicio de un cargo público. Mientras no se agote la vía legal —ha anunciado ya que apelará al Supremo— el reglamento de la Cámara permite mantener el cargo suspendido y no nombrar a una nueva presidencia. Seguramente es su partido, a las puertas de unas elecciones municipales, el primer interesado en abandonar el recurso agónico del victimismo tras la condena de su presidenta por corrupción.