Auge y caída de Nicola Sturgeon

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha decidido dimitir, después de ocho años y medio al frente del Gobierno autónomo. Nadie puede cuestionar el carisma, la popularidad y el respeto cosechado entre muchos ciudadanos por una política que ha sabido combinar la seriedad y el rigor en el desempeño de su trabajo con la pasión que ha volcado en la causa independentista. La arrolladora victoria del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) en las elecciones al Parlamento autónomo de mayo de 2021 la dejó a un escaño de la mayoría absoluta. El mensaje centrado casi exclusivamente en la celebración de un nuevo referéndum para separarse del Reino Unido fue suficiente para emprender una aventura en la que se creyó acompañada de la ciudadanía.

Gran parte del sentimiento independentista escocés se vio alimentado por dos factores. El Brexit, rechazado mayoritariamente en Escocia en la consulta de 2016, fue un duro golpe. El principal argumento, dos años antes, para convencer a los ciudadanos de que debían permanecer en el Reino Unido fue precisamente la advertencia de que una secesión supondría inexorablemente la salida de la nación escocesa de la UE. El divorcio decidido poco después por el resto de los británicos dejó un sabor de engaño.

Pero la promesa más reiterada por Sturgeon fue que nunca emprendería una aventura independentista fuera de los cauces legales, o de modo unilateral y sin contar con Londres. Conscientes de ese compromiso, los distintos inquilinos de Downing Street se han negado a dar luz verde a una nueva consulta, a pesar del precedente creado por David Cameron al permitir el referéndum de 2014.

Sturgeon jugó una última baza desesperada, pero respetuosa con la legalidad: consultó previamente al Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la posibilidad de que el Parlamento escocés aprobara por sí mismo la ley para celebrar una nueva consulta independentista. El alto tribunal respondió lo evidente: la ley de Escocia, por la que se procedió a la devolución de competencias a este territorio, reserva esa capacidad en exclusiva al Parlamento de Westminster. Ante la frustración de ver truncado el proyecto prometido de celebrar en 2023 un nuevo referéndum, Sturgeon optó por convertir las próximas elecciones generales del Reino Unido, previstas para 2024, en una consulta secesionista de facto. Y la gran mayoría de ciudadanos, votantes y miembros del SNP dijeron que no: suponía abandonar la vía legal y razonable mantenida hasta ese momento y entendieron que, en medio de una crisis del coste de la vida como la actual, las elecciones generales debían de tener otro propósito.

No ha sido el único motivo para la renuncia de Sturgeon, a la que también afectó el recorrido de la Ley de Reforma de Reconocimiento de Género aprobada por su Gobierno: sentó mal a las bases de su partido por reducir a 16 años la edad legal para hacerlo, y su decisión de trasladar a una mujer trans a una prisión de hombres generó una agria polémica. Pero es el que mejor ayuda a explicar las distancias que han tomado los ciudadanos de la ministra principal de Escocia cuando fue incapaz de sintonizar sus proyectos políticos con la voluntad y el ritmo de sus votantes.