Lula y el reto de poner orden en la casa

Uno de los legados del militarismo bolsonarista que deberá enfrentar el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive en la administración pública. El Tribunal de Cuentas de la Unión estima que más de 6.000 militares ocupan puestos civiles. En términos efectivos, se trata prácticamente de una brigada cuyos oficiales ocupaban puestos en lugares ajenos a la actividad militar, como la Fundación Nacional de las Artes, la Agencia Nacional de Cinematografía, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de la Seguridad Social. Algunos generales han ocupado la presidencia y consejos de las grandes empresas estatales. Cuando regresen a la institución militar, ¿a qué unidad serán reasignados? ¿Cuántos irán a retiro?

La reorganización de la función pública, aunque beneficiosa, tendrá un efecto rebote en la institucionalidad de cada una de las fuerzas, ya sea por el largo tiempo que estos militares llevan a disposición del Gobierno de Bolsonaro, o por los efectos en los criterios de antigüedad y mérito, tan caros a la meritocracia militar.

Además, algunas posiciones de carácter estratégico pueden verse comprometidas. El caso más evidente en toda la crisis que desembocó en el intento de golpe de Estado en Brasilia es el del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). Sin ir más lejos, en noviembre, un coronel en activo, ayudante del general Augusto Heleno —ministro principal de ese Gabinete—, publicó en redes sociales que se negaba a saludar al nuevo presidente. Ese mismo mes se descubrió que un sargento de Infantería de Marina destinado en el GSI apoyaba a los campamentos bolsonaristas. No se trata de la opción individual por un candidato u otro, algo que no se discute en democracia, sino del respeto al resultado electoral y a las instituciones, que hoy afecta al mantenimiento del diálogo democrático.

Además de desmilitarizar la función pública, encuadrar y castigar a los más extremistas y persuadir a los opositores de que el único camino es la convivencia democrática, Lula se enfrentará a la posibilidad de incorporar civiles al ministerio de Defensa. Esta cartera, creada en 1999, es un elemento clave en las relaciones entre civiles y militares. En Brasil nunca se ha desarrollado plenamente de la misma manera que en democracias más avanzadas.

Durante los mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, la dirección del ministerio recayó en un civil. Al final del gobierno interino de Michel Temer, la elección del general Silva e Luna dio un nuevo tono al ministerio, que mostraba un proceso de militarización. Entre 2018 y 2022, el cargo fue ocupado por otros tres generales del Ejército. Con la elección de José Mucio, Lula apuesta por un retorno a los civiles. En términos militares, la presencia de un oficial general de una de las fuerzas provoca un desequilibrio que afecta a la coordinación interoperativa. En términos democráticos, sería mejor un representante civil.

El perfeccionamiento del ministerio de Defensa y, de paso, la densificación de su burocracia civil, tiende a mejorar la subordinación de los militares al poder constituido y puede establecer puentes más sólidos en la relación entre la institución, el poder político y la sociedad en general. Sin tener que realizar actividades civiles, militariza de nuevo su objeto de destino, el ejército. Pero de nada sirve aumentar el número de civiles si no hay mecanismos que garanticen el compromiso con la democracia, el orden republicano y la institucionalidad.

No hay mucho que innovar, sino recuperar. Una de las cuestiones que plantea el nuevo Gobierno es la defensa de la transparencia. La Ley de Acceso a la Información, creada en 2011, permitía la desclasificación de documentos públicos con plazos de cinco, 15 y 25 años según la naturaleza del secreto. Para preservar la información personal, la ley estableció un plazo de 100 años. Lo que sería un dispositivo legal para proteger a los ciudadanos comunes fue utilizado por el gobierno de Bolsonaro para la protección de sus aliados.

La ley acabó siendo aplicada para dificultar el acceso a los datos en el proceso que investigaba la asistencia del entonces general Eduardo Pazuello a un mitin del presidente Bolsonaro en Río de Janeiro. Según el estatuto militar brasileño, los oficiales tienen prohibido participar en actos de carácter político. La tergiversación de la ley de acceso a la información también se utilizó para impedir el acceso a la cartilla de vacunación del presidente, a las agendas y visitas al Palacio de Planalto y a las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros actos. El cambio de interpretación de la ley está pendiente de una nueva evaluación por parte de la Oficina del Interventor General. Si se rompen los secretos, las investigaciones que involucran al clan Bolsonaro tomarán nuevos rumbos, abriendo la posibilidad de arresto del expresidente.

Y, a propósito del Estatuto Militar, las nuevas autoridades civiles y militares juramentadas por el presidente Lula tendrán que imponer como nunca las normas establecidas, a riesgo de mantener la polarización y la politización en los cuarteles. No es el derecho de un militar a ser candidato e intentar una carrera política lo que debe cuestionarse, sino la forma en que los uniformados entienden su reglamento. El ejemplo más notorio tuvo lugar en la campaña del ex vicepresidente, el general Hamilton Mourão. En 2018, grabó un vídeo en apoyo del también candidato teniente coronel Zucco. Ambos iban de uniforme y grabaron el vídeo en un establecimiento militar, la Secretaría de Economía y Hacienda. A pesar de que lo que hicieron está prohibido por el Estatuto Militar, no ocurrió nada.