Sunak y la inmigración

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha decidido redoblar su apuesta de endurecer la política contra la inmigración irregular para calmar al ala dura y euroescéptica del Partido Conservador. Sus promesas, sin embargo, corren el riesgo de darse de bruces contra una realidad que ninguno de sus antecesores ha sido capaz de controlar. El Brexit, que siempre tuvo un alto componente de xenofobia, trajo consigo la promesa de que los británicos serían finalmente capaces de recuperar el control de sus fronteras. Desde su aprobación, el flujo de inmigrantes que acceden al país no ha dejado de crecer cada año. Si en 2018, el número de personas que se lanzaron a atravesar el canal de la Mancha desde la costa francesa para llegar a territorio inglés no llegó a 800, 2022 está a punto de terminar con más de 40.000 inmigrantes interceptados. Cuatro de ellos fallecieron en la madrugada de este miércoles, al hundirse la frágil embarcación que transportaba a un total de medio centenar.

Es cierto que, en el último año, una de cada cuatro de las personas que han sido detectadas en la peligrosa travesía marítima es de origen albanés. Las autoridades británicas señalan al país balcánico como el origen de las mafias que se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes, y tanto Boris Johnson en su momento, como Sunak ahora, han prometido mano dura contra esta forma de delincuencia. Al situar al margen de la ley a los recién llegados —que en su mayoría procedentes de Siria o Afganistán—, el Ejecutivo de Sunak señala como culpable a quien accede al país en busca de oportunidades económicas. Sunak promete ahora más policías para controlar la costa, la reanudación de la política de deportaciones a Ruanda que frenó el pasado junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y nuevas leyes para endurecer aún más la tramitación de las solicitudes de asilo. El primer ministro ha anunciado que pondrá fin antes de que acabe 2023 al atasco actual del sistema legal británico, con más de 160.000 personas a la espera de una resolución sobre su estancia en el Reino Unido.

El continente europeo lleva años viviendo una situación semejante pero Downing Street ha decidido responder con un discurso compasivo que camufla realmente una estrategia policial para criminalizar a los recién llegados. Sunak difícilmente saciará con estos anuncios al ala más dura de su partido, que exige ya al primer ministro que desvincule al país de la Convención Europea de Derechos Humanos que el propio Reino Unido contribuyó a impulsar en la década de los cincuenta del siglo pasado. Piensan que tendrán así las manos más libres para solucionar de modo expeditivo el problema, sin entender que se trata de un desafío global para el que no existe una solución única.