Qatar en Bruselas

Las sospechas de corrupción golpean de lleno al Parlamento Europeo. En los últimos días ha habido detenciones, registros y todos los focos están sobre la institución ante la presunción de que Qatar ha pagado centenares de miles de euros a eurodiputados y miembros de la Eurocámara para edulcorar las resoluciones sobre esta monarquía autocrática con un historial acreditado de vulneración de los derechos humanos. Su ya exvicepresidenta, la socialista griega Eva Kaili, ha llegado a ser detenida: ella es la cara más conocida de un escándalo que afecta a asistentes, exeurodiputados e, incluso, a familiares de los parlamentarios implicados.

El espectacular episodio debe encender todas las señales de alerta en las instituciones democráticas europeas, no tanto por su alcance —el Parlamento Europeo cuenta con 705 eurodiputados y miles de trabajadores, y la investigación, aunque sigue abierta, afecta a una veintena de personas— sino por las enormes debilidades que revela. La presidenta, Roberta Metsola, advertía el lunes de que “los enemigos de la democracia no se detendrán ante nada”. Venía a decir así que en el actual contexto geopolítico, corromper a los representantes de la ciudadanía es una vía para minar las democracias desde dentro, casi una variante o una nueva forma de ataque híbrido. Pero a Metsola y a la Eurocámara en general les faltan grandes dosis de autocrítica en un caso tan sórdido: el caso demuestra que faltan normas más firmes y, sobre todo, que faltan controles en la lucha contra la corrupción, en una institución que debería ser intachable y que, en cambio, es sospechosamente permeable ante episodios de compra de capacidad de influencia.

La Eurocámara, y las instituciones europeas en general, están obligadas a reforzar al máximo sus mecanismos de vigilancia tras un escándalo que ha dejado al descubierto sus debilidades y que aún tiene mucho recorrido: la policía y la Fiscalía belga llevan cuatro meses investigando. El Parlamento Europeo tiene ya un código de conducta y órganos internos de control, que hay que reforzar al máximo. Pero el Qatargate obliga a ir mucho más lejos y a activar también órganos de control independiente interinstitucionales en la UE, con capacidad para indagar en todas las instituciones europeas. A ese respecto por ahora solo hay vagas promesas.

La Eurocámara lleva tiempo arrogándose el papel de guardián moral de la UE; no en vano es la única institución elegida por sufragio directo. Pero las informaciones difundidas a raíz del caso que afecta a una de sus 14 vicepresidencias amenazan sobremanera ese estatus. Si quiere mantener su papel de conciencia moral deberá sacar lecciones de lo sucedido estos días y, sobre todo, extremar la vigilancia: es por lo menos chocante que haya un registro para dejar constancia de las reuniones de los eurodiputados con los lobistas, pero no con representantes de Estados extranjeros que, como el caso de Qatar, son regímenes autocráticos donde los homosexuales son víctimas de graves vulneraciones de derechos, y el 25% de la población son mujeres, todas bajo tutela de un varón y sin asomo de derechos equiparables a una democracia liberal. EE UU lleva meses investigando la supuesta corrupción en la concesión del Mundial a Qatar. Que las sospechas de corrupción y sobornos para limpiar la imagen del emirato alcancen ahora a las instituciones europeas es de lo más preocupante.