Entre el apaño y la chapuza

La tramitación de la reforma del Código Penal parece estar convirtiéndose en una chapuza de equívoca justificación. El argumento de la adecuación del delito de sedición a legislaciones homologables parece más bien discutible mientras no se redacte uno nuevo que permita condenar delitos contra la Constitución como los que se produjeron en 2017. No menos discutible es la cutrísima enmienda presentada el viernes por Esquerra Republicana y que propone rebajar las penas por malversación si no hay ánimo de lucro del corrupto, con lo que verían sensiblemente rebajadas sus condenas los encausados o condenados por la celebración del referéndum del 1 de octubre pero también aquellos responsables políticos implicados en la creación de redes clientelares desde las instituciones públicas.

A la hora de interpretar por qué el Gobierno está dispuesto a practicar tanta ingeniería jurídica, mientras el poder judicial sigue encerrado deslegitimando su juguete, la única explicación plausible es esta: la apuesta por afianzar una mayoría parlamentaria apañando un arreglo que permita acabar con la anormalidad institucional en Cataluña como consecuencia de la desactivación del procés por la vía penal. Durante la actual legislatura, este ha sido el contenido de la carpeta catalana. Lo otro, maniobras de escapismo. Dos meses y medio después de la sentencia del Tribunal Supremo, un mes y medio después de las elecciones generales, se dio a conocer el acuerdo suscrito por el PSOE y ERC. Era el 2 de enero de 2020. En virtud de ese acuerdo, los diputados republicanos en el Congreso se abstendrían en la votación de la investidura de Pedro Sánchez y, a cambio, se constituiría una mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat cuyo propósito era la resolución del conflicto político en Cataluña. La naturaleza de dicho conflicto no quedaba definida en los dos folios del acuerdo, pero se nombraba su existencia: llamadlo conflicto… El redactado era lo suficientemente ambiguo como para que múltiples actores pudiesen proyectar sobre la mesa lo que más les conviniese en función de sus intereses partidistas: la oposición popular la caracterizó desde el primer momento como la prueba del algodón de la traición de un presidente ilegítimo; la principal oposición a Esquerra, liderada por sus antiguos e iluminados socios de Junts, han tratado de sabotearla o reconvertirla en un espacio más de impostada confrontación de tuit y salón.

La primera reunión de la mesa se celebró el 26 de febrero de 2020 en el Palacio de La Moncloa, cuando la covid ya estaba expandiéndose de Wuhan al mundo. En la web del presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros sigue colgado el vídeo que resume el encuentro. Recibimiento en los jardines de Palacio, llegada en solitario del president Quim Torra, dos delegaciones formadas por ambos presidentes y ministros sentados frente a frente en una sala de reuniones, rueda de prensa posterior y comunicado conjunto. Imagino el trabajo previo de los equipos de protocolo para escenificar la reunión como si se tratase de una cumbre al más alto nivel. Porque ese era el imaginario que el independentismo gubernamental, especialmente Esquerra, necesitaban mostrar a su electorado: la constitución de un foro bilateral en el que, según se publicitó, solo iba a negociarse sobre la amnistía y la autodeterminación porque esos eran los dos únicos temas que estarían en la agenda desde la perspectiva independentista.

Cumbres parecidas se han repetido en alguna ocasión puntual, por ejemplo en el Palau de la Generalitat, pero en realidad la dichosa mesa de diálogo ha funcionado siempre como un Macguffin. Ha sido el elemento de suspense y distracción a través del cual avanzaba la legislatura, pero su trama nunca ha sido la negociación sobre la crisis constitucional sino el progresivo desmontaje de la respuesta penal que se dio al procés. Este era y sigue siendo el conflicto realmente existente en Cataluña, derrotado el nefasto ciclo de la unilateralidad y finiquitada la desobediencia institucional de la Generalitat. Lo fundamental es que ese desmontaje no abra espacios de ambigüedad que pueden empeorar la calidad de nuestra democracia. No debe confundirse un apaño con una chapuza.