El peligro de dinamitar los puentes

Lo sucedido esta semana con la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual a raíz de varias peticiones de reducción de condena puede observarse como parte de una dinámica mucho más amplia de dificultad creciente para el acuerdo político, en un clima de elevada polarización política y social. Esta dificultad la llevamos observando desde hace algún tiempo en buena parte de las políticas relacionadas con la igualdad de género. No es algo exclusivo de nuestro país, aunque por diversas razones, aquí parece ser particularmente expresivo.

La polarización reduce el espacio para el acuerdo en dos frentes distintos. En primer lugar, la extrema derecha hace tambalear ese espacio de consenso precisamente porque su misión es hacer volar por los aires el contrato social sobre el que se asientan laboriosamente las democracias liberales. Aunque todavía no sabemos bien cuál es su capacidad de contagio, la derecha más moderada se ve ahora compitiendo por partidos que cuestionan el avance de derechos y políticas, con una sorprendente habilidad para la tergiversación. En segundo lugar, las importantes fracturas en el movimiento feminista y su instrumentalización por parte de determinados actores políticos achican también el espacio para el consenso. Aunque los temas que ahora ocupan la agenda feminista tienen una mayor complejidad, lo que retroalimenta la polarización no es el avance de las políticas de igualdad en sí, sino la tendencia al uso partidista en una competencia electoral desquiciada. La trayectoria política de la lucha contra la violencia de género es un buen ejemplo.

La primera ley nacional, pionera en Europa, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprueba en 2005 con el apoyo unánime de todos los partidos del arco parlamentario. La ley ofrece el marco desde el que se despliega el pacto de Estado contra la violencia machista ratificado en noviembre de 2016 por todos los partidos políticos, las comunidades autónomas y las entidades locales. Un año más tarde, se renueva el pacto también por unanimidad, aunque esta vez el compromiso por parte del Gobierno del PP es más simbólico que real al no garantizar la asignación presupuestaria correspondiente. Las administraciones afectadas, los sindicatos y los principales partidos de la oposición mostraron su descontento pero lo que forzó la rectificación del Gobierno de Mariano Rajoy —incluyendo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado los 120 millones prometidos a ayuntamientos y gobiernos autonómicos— fueron las movilizaciones masivas en la calle provocadas por las sentencias del caso de La Manada.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia revocó, un año después, las dos sentencias anteriores, elevando finalmente a 15 años la pena de prisión de los cinco acusados, el tema no se zanjó ahí. Muchas voces reclamaron la necesidad de revisar la tipificación de los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal. El Ejecutivo de Rajoy encomendó un informe técnico. PSOE, Ciudadanos y Podemos propusieron también la revisión del Código Penal. Pero la moción de censura y el largo impasse posterior congelaron la imagen largo tiempo. Irene Montero, recién nombrada ministra de Igualdad, algo más de seis meses después de la sentencia del Tribunal Supremo recuperó uno de los lemas más icónicos de las protestas para prometer cambios en la definición del consentimiento. La ley del solo sí es sí sería buque insignia del Ministerio y de su agrupación política. Razones no faltaban. No solo porque el caso de La Manada, punta de iceberg de otras sentencias igualmente polémicas sobre casos de violación a mujeres, elevó la temperatura de la indignación en las calles, también porque el caso tuvo eco más allá de nuestras fronteras.

Pero el contexto político ya era otro y el espacio de consenso en torno a no solo la necesidad de combatir la violencia machista sino de cómo hacerlo había menguado considerablemente.

El 25 de noviembre del 2021, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se renueva pero sin unanimidad. Vox vota en contra e impide, además, que se pronuncie una declaración institucional de repudio de la violencia contra las mujeres porque, en palabras de su diputada Carla Toscano, “la violencia no tiene sexo”. Una discusión entre dirigentes políticos de la derecha a pie de pancarta el 25-N escenificaba bien el desencuentro. Todos los partidos democráticos quisieron trasmitir una imagen de unidad pero las discrepancias se volvieron cada vez más evidentes. Mientras que la derecha proponía un endurecimiento de las penas, la izquierda insistía en una estrategia más preventiva y rehabilitadora. El problema es que legislar en caliente tras una gran conmoción colectiva lleva más a lo primero que a lo segundo. La ministra de Igualdad se vio desde el principio encerrada en una contradicción irresoluble entre la promesa de más mano dura y la exploración de otras vías menos punitivas que aborden las causas estructurales de la violencia machista.

La propuesta de ley fue enormemente divisiva desde sus inicios. Como estamos aprendiendo estos días, las advertencias de que el primer texto presentado tenía deficiencias jurídicas, incluida una posible rebaja de penas, llegaron desde muchos lugares, empezando por el propio Ministerio de Justicia. “En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado”, criticó el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Como ya viene siendo habitual, Vox no perdió la oportunidad para ensayar su lenguaje belicoso y xenófobo, acusando al Gobierno de impulsar una ley que “es otro ladrillo del muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España”. El PP, por su parte, criticaba el sesgo ideológico del texto, la vulneración de la seguridad jurídica y del principio de la presunción de inocencia. La regulación de otras formas de violencia sexual, principalmente la trata en prostitución y la explotación sexual en el caso de los vientres de alquiler, marcaba el enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos.

Pero lo cierto es que el texto ha pasado durante los más de dos años de preparación numerosos filtros. El Consejo de Ministros dio luz verde en marzo de 2020. El Consejo General del Poder Judicial alertó que al rebajar las penas de los agresores, la ley podría tener un efecto de desprotección para las víctimas y, sin embargo, ningún órgano, comisiones de Justicia del Congreso y Senado incluidas, pidieron introducir la disposición transitoria que se introduce cada vez que se modifica el Código Penal. La ley se aprobó en agosto de 2022 con amplio apoyo parlamentario. Votaron en contra el PP, Vox y la CUP. A la vista de los problemas, la pregunta fundamental es sobre quién recae ahora la responsabilidad. En una democracia parlamentaria, el ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales y su cometido principal es precisamente controlar la acción del Gobierno. En estos tiempos revueltos que corren, esta tarea es hoy más esencial que nunca.