Ayudar a los hipotecados

El Gobierno y las patronales bancarias han pactado esta semana una batería de medidas para tratar de aliviar la presión financiera que sufren los clientes hipotecarios como consecuencia del encarecimiento del euríbor. En un entorno de subidas generalizadas de precios, esa formidable subida de los intereses ha obligado al Gobierno a facilitar un alivio para los hipotecados en situación más vulnerable y para quienes están en riesgo de serlo: la cuota hipotecaria bajará hasta un 50%, según los cálculos del Ejecutivo, para las familias con ingresos de hasta 29.000 euros. Unidas Podemos reclamaba un umbral de renta más ambicioso. En esa misma línea, tanto las asociaciones de consumidores como los sindicatos critican por insuficientes las medidas acordadas. Pero el Gobierno y la banca buscaban un cierto equilibrio entre esa imprescindible ayuda, que contrasta con las malas prácticas del sector durante la Gran Crisis de hace 10 años, y la salud financiera de la banca española, un sector crucial para la economía española en su conjunto.

El Ejecutivo y las entidades, con el plácet del Banco de España, han optado finalmente por un término medio que permita paliar el efecto de la subida de tipos en las familias más vulnerables sin castigar demasiado las cuentas de la banca, que los mercados miran con lupa. El gran caballo de batalla ha sido desde el inicio dónde fijar el umbral para establecer el número de beneficiarios: medidas más ambiciosas obligarían al sector bancario a elevar la cuantía de las provisiones adicionales. Para suavizar el impacto del plan, el Gobierno ha decidido que las medidas que afectan a las rentas de hasta 29.400 euros tengan carácter temporal (para los años 2023 y 2024), y que esos préstamos sean considerados de vigilancia especial, no como dudosos (eso exigiría mayores dotaciones). A la postre, este tipo de acciones juega también en favor de los bancos: reduce la morosidad y finalmente los desahucios, uno de los agujeros negros de la crisis anterior.

El decreto publicado este miércoles en el BOE recoge tres tipos de medidas. La actualización del vigente Código de Buenas Prácticas del sector financiero —aprobado en 2012 y de carácter voluntario, pero a su vez obligatorio para los bancos que lo firman— abre la posibilidad de que las familias vulnerables puedan solicitar la reestructuración de sus préstamos hipotecarios en determinadas condiciones. Podrán hacerlo las familias con una renta de hasta 25.200 euros y cuya tasa de esfuerzo les obligue a destinar más del 50% de su renta al pago de la hipoteca, que tendrán un periodo de carencia de cinco años. Otras medidas son de carácter temporal: las rentas medias podrán congelar las cuotas durante un año. Y finalmente las hay de carácter general, concebidas para eliminar durante 2023 las comisiones que cobran los bancos por amortizar parte del préstamo o cambiar hipotecas contratadas a tipo variable a hipotecas de tipo fijo.

Varios de los bancos —como CaixaBank, en el que el Estado controla un 16% a través del FROB— han manifestado ya su voluntad de adherirse. Los desahucios, las cláusulas abusivas y las sucesivas condenas de la justicia europea generaron un enorme desgaste a la banca hace unos años. El sector parece haber aprendido la lección, en paralelo a la mejora en los ratios de capital y con una tasa de morosidad que sigue hoy por debajo del 4%. En ese contexto, el denominado escudo social se extiende así a las finanzas: hasta un millón de hipotecados, casi uno de cada cuatro, pueden verse beneficiados esta vez ante el impacto de un euríbor que ha subido 300 puntos básicos en los últimos meses. Las cuotas hipotecarias han llegado a incrementarse un 50% en algunos casos. Esta iniciativa dará cierto respiro a cientos de miles de familias.