Residuos radiactivos

El proyecto del séptimo plan general de residuos radiactivos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a las comunidades autónomas opta por la construcción de siete almacenes de residuos nucleares, uno por cada central, una vez hayan cesado su actividad. El documento sometido a exposición pública dejaba abiertas dos opciones: la creación de un solo almacén centralizado o bien la instalación de uno en cada central. Se esperaba así comprobar la voluntad de las comunidades autónomas para albergar esta polémica instalación pero ninguna lo ha hecho, y el ministerio ha optado por que cada central tenga su propio almacén. Serán instalaciones temporales, dado que el planteamiento a largo plazo propone un “almacén geológico profundo”, cuya entrada en funcionamiento está prevista a partir de 2073. Para entonces habrá culminado el calendario de cierre de todas las centrales, entre 2027 y 2035, pactado en 2019 entre Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, y las tres principales eléctricas del país, Iberdrola, Endesa y Naturgy.

El debate entre una u otra opción no se resuelve con facilidad ni hay razones incontestables a favor de una de las dos: ambas tienen ventajas e inconvenientes. Un almacén centralizado reduce los riesgos de fugas pero aumenta las posibilidades de accidentes en el transporte de los residuos, mientras siete ubicaciones distintas los reducen pero aumenta la vulnerabilidad al existir potenciales amenazas en siete lugares. En cuanto a los intereses de los sectores afectados, la industria nuclear ha defendido la opción del almacén centralizado, entre otros motivos, por ser más barata y necesitar instalaciones auxiliares que construiría la propia industria. Desde el punto de vista ambiental, que cada central almacene sus propios residuos incrementa la seguridad al tratarse de cantidades más pequeñas.

Que ninguna comunidad autónoma se haya postulado para albergar el almacén central evidencia la conflictividad inherente a una instalación de esta naturaleza y confirma que la gestión de los residuos radiactivos sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la energía nuclear. Sus riesgos se extienden en el tiempo de modo imprevisible y afectan por tanto también a futuras generaciones, por lo general más sensibilizadas contra esta energía. En cualquiera de los casos, parece evidente que el coste de gestión de los almacenamientos deberá ser asumido por las empresas propietarias de las centrales, sin que quepa la opción de repercutirlo por vía directa o indirecta al conjunto de la sociedad.