Unos Presupuestos prudentes

Tras el ya habitual tira y afloja entre los socios de coalición, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, el principal instrumento económico con el que cuenta el Gobierno para hacer frente a la difícil situación económica generada por la crisis de la energía y la escalada de los precios, sin que nada indique que pueda ser pasajera o vaya a resolverse a lo largo del próximo año. Las buenas perspectivas de crecimiento económico para este 2022 se han visto empañadas por una caída notable del crecimiento previsto para 2023, que se rebaja en seis décimas. Con la crisis de precios todavía abierta y la expectativa de nuevas alzas en los tipos de interés, el Gobierno ha presentado un paquete que expande el gasto social (con un aumento del 10%), como sucede con las partidas destinadas a dependencia y la prolongación de las ya adoptadas para apoyar de forma directa a la población en su día a día, como el cheque para madres con hijos pequeños, el bono social térmico o los abonos gratuitos de Renfe.

Los Presupuestos tienen también una marcada orientación hacia los más jóvenes, un sector de población al que se destinarán 12.741 millones, que incluyen la prórroga de las ayudas en materia de emancipación y alquileres accesibles, así como el bono cultural. Las partidas de educación y sanidad también se incrementan, si bien el grueso del gasto en estas materias recae, por su competencia, sobre las comunidades autónomas. Las cuentas recogen, asimismo, un importante aumento (7,2%) de las partidas destinadas a inversiones reales que rondarán los 43.000 millones de euros incluidos los fondos europeos, así como incrementa la partida de Defensa con el objetivo de, tal y como anunció el presidente del Gobierno, cumplir nuestros objetivos en el marco de la Alianza Atlántica, tras resolver las discrepancias internas entre los socios de Gobierno.

Del lado de los ingresos, el Gobierno aprovecha el aumento de la recaudación derivado del mayor crecimiento económico de este año, incluso teniendo en cuenta los anuncios fiscales realizados en las últimas semanas, para avanzar en el equilibrio de las cuentas públicas. El Ejecutivo confía en reducir el déficit hasta el 3,9% del PIB en 2023, lo que dejaría a España cerca de poder cumplir con los objetivos marcados por Bruselas para 2024, una vez que los requisitos del Pacto de Estabilidad se vuelvan a poner en marcha.

Se trata, por tanto, de unos Presupuestos que profundizan en la orientación política adoptada durante este año complejo. Prolongan las principales medidas aprobadas para mitigar el coste social de la actual escalada de precios, al tiempo que garantizan una progresiva reducción del déficit público. En un momento en el que muchos Estados de la Unión Europea están apostando por aprobar ambiciosos planes de ayuda a cargo de las cuentas públicas para hacer frente a las consecuencias de la crisis, España ha decidido trasladar un mensaje de moderación y responsabilidad por el lado de los gastos.

En definitiva, los Presupuestos avanzan en la defensa del gasto social y la inversión productiva desde cierta prudencia fiscal ante un año que se prevé complicado, política y económicamente. No cabe descartar que el Gobierno tenga que hacer uso de cierto margen presupuestario para adoptar nuevos planes si la incertidumbre global introduce variaciones en las actuales previsiones económicas.