Hay una crisis alimentaria

El hambre y la malnutrición vuelven a la agenda política mundial como uno de los mayores retos de los próximos años. La preocupación por lo que pueda ocurrir en 2023 se ha hecho patente en la cumbre sobre seguridad alimentaria mundial celebrada en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas. España se comprometió a aportar 236 millones de euros en los próximos tres años para mitigar los efectos de esa crisis. Solo el compromiso de los países ricos permitirá emprender medidas de choque, como la creación de una reserva mundial de emergencia que sirva para rescatar a las regiones más dañadas por un conjunto de efectos ajenos a ellas.

La espiral negativa es compleja. Se han sumado los efectos del cambio climático, la pandemia y la guerra en Ucrania para impedir los avances en la lucha contra el hambre, que crece en lugar de decrecer. Desde enero de 2020, el número de personas que no tienen acceso a una alimentación suficiente ha aumentado en 46 millones. El hambre en el mundo se ha ensanchado con el equivalente a la población actual española. En 2021, 828 millones de personas no recibían suficientes nutrientes, según el último informe elaborado por cinco agencias de Naciones Unidas. La población en situación de grave inseguridad alimentaria, es decir, que no tiene garantizado poder comer, ha pasado de 135 millones en 2019 a 345 en 2021. Además, 45 millones de menores de cinco años sufren malnutrición severa y otros 149 millones presentan retrasos en el desarrollo por una alimentación insuficiente.

Cuando en 2015 se incluyó entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acabar con la crisis alimentaria en 2030, no se contaba con la aceleración del cambio climático, ni con la pandemia, ni con una guerra que tiene una incidencia decisiva porque de Rusia y Ucrania depende el 30% de las exportaciones de cereales y la mitad de las de aceite de girasol. Rusia es además uno de los mayores proveedores de nitrógeno, el principal componente de los fertilizantes químicos.

Si este año aumentaron los problemas de acceso a los alimentos, por el crecimiento de precios y el bloqueo de suministros, la amenaza de desabastecimiento por falta de disponibilidad es muy real para el año que viene. Si eso ocurre, la vida de millones de personas estará literalmente en peligro. Los gobiernos de los países con mayores recursos no pueden desentenderse del problema. España ha hecho un primer gesto significativo. La magnitud del drama exige que se incluya en la agenda de prioridades una contribución preventiva y solidaria, en la medida de las posibilidades de cada país, para afrontar una crisis alimentaria que puede empeorar en el inmediato futuro.