Castillo sin retorno

Perú se encamina hacia un peligroso punto de no retorno en la crisis que desde hace años sufren sus instituciones. Los escándalos que acorralan al presidente, Pedro Castillo, son el último eslabón de un declive que contamina a su Gobierno y, a la postre, corroe la estabilidad del país. Pero esta situación refleja también un problema de carácter estructural. El maestro rural que llegó al poder en julio del año pasado, tras ganar las elecciones frente a la derechista Keiko Fujimori, acumula seis investigaciones por presunta corrupción. Esta semana, la Fiscalía detuvo a su cuñada, que vivía en la residencia presidencial, y su abogado amagó con abandonarlo. A eso se suma la avalancha de destituciones y dimisiones en su Gabinete. Ante el mandatario desfilaron siete ministros del Interior y cuatro primeros ministros, y el Congreso ha intentado destituirlo en dos ocasiones por “incapacidad moral permanente”.

Pero el panorama es aún más complejo. Castillo ha roto con el partido de izquierda ortodoxa que le aupó al poder, ha hecho guiños a sus adversarios ultraconservadores —llegando a nombrar a un ministro de Relaciones Exteriores que hace un año cuestionó su victoria agitando el fantasma del fraude— y, sobre todo, ha aparcado la agenda de cambios e incumplido las promesas con las que alimentó las esperanzas de millones de personas. Con estas premisas, la precariedad del Gobierno peruano es tan evidente como el descontento social. Según un reciente estudio de opinión, el 65% de los peruanos quieren una convocatoria de elecciones generales, pero otro dato recoge el escepticismo de la población, ya que casi el 50% cree que la situación sería igual (o peor) con un nuevo gobernante.

Castillo se impuso en las urnas tras unos años de convulsión que degeneraron en un enfrentamiento sin salida entre el poder ejecutivo y el legislativo. En noviembre de 2021, la caída de Martín Vizcarra dio pie a una semana de vértigo en la que Perú tuvo tres presidentes en una semana. Todos los exmandatarios electos vivos han estado en la cárcel, en arresto domiciliario o han sido investigados por algún caso de corrupción, principalmente la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Uno de ellos, Alan García, se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido. La descomposición del sistema fue precisamente uno de los resortes que movilizó a la sociedad en apoyo del maestro, un hombre que no pertenecía a las élites, impulsándolo hasta la presidencia. De aquella campaña electoral solo ha quedado la retórica populista y Castillo va camino de convertirse en el enésimo mandatario procesado por desviarse del camino. La gravedad de esta situación, sin embargo, va más allá de la coyuntura y de la precariedad del actual Gobierno y habla de la urgencia de una gran reflexión nacional y de la frustración actual del proyecto de renovación de la clase dirigente del país.