Petro, la oposición venezolana y el caso “Monómeros”

El triunfo electoral de Gustavo Petro en Colombia trajo inopinadas consecuencias para la oposición venezolana, agrupada tras la figura del “presidente interino”, Juan Guaidó, el valeroso, incansable y patéticamente inefectivo subrogado del líder de “Voluntad Popular”, Leopoldo López, actualmente en el exilio en España desde 2019.

El cargo de Guaidó, alcanzado merced tecnicismos constitucionales que hace tres años lucieron irrefutables a los ojos de Washington, la Unión Europea y medio centenar de gobiernos del mundo, fue concebido para presidir un Gobierno de transición según un muy puntilloso acuerdo parlamentario entre los principales partidos opositores al régimen claramente ilegítimo de Nicolás Maduro.

Su todavía inverosímil plan de acción prefiguraba que la tutela de la transición fuese ejercida por el Alto Mando y la Alta Corte de la cleptocracia madurista hasta desembocar en elecciones presidenciales, libres e internacionalmente supervisadas.

Un pronunciamiento del generalato y una sentencia de los magistrados harían viables los cambios presididos por Guaidó. Todo en un deseable clima de reconciliación cívica. Se vaciarían las cárceles políticas, la prensa libre serviría de nuevo a la denuncia de latrocinios y a la circulación de las ideas. Regresarían los exilados.

El pronunciamiento jamás llegó y el plan López –es justo llamarlo así—se revino, en abril de 2019, en la bochornosa parodia de una insurrección militar que ningún verdadero demócrata venezolano puede hoy recordar sin chasquear los dientes ni mirar al piso. El fiasco tuvo derivaciones sangrientas en la recluta de mercenarios, sangrienta chapuza nunca satisfactoriamente explicada por Guaidó.

El reconocimiento internacional del interinato entrañó desplegar competencias diplomáticas y jurídicas, insoslayables todas en la gestión de los activos de la nación en el exterior, primordialmente los petroleros. También de lingotes de oro de los que, al parecer, los maduristas no tuvieron noticia a tiempo. Y trujamanes (la palabra no encierra injuria alguna) que recordaron exactamente cuántos eran, dónde estaban y qué debería hacerse para recuperarlos.

Surgieron procuradores, jurisconsultos, fondos de inversión apoderados de los tenedores de deuda pública venezolana, directivas ad hoc designadas por Guaidó para las dependencias petroleras ultramarinas, bufetes neoyorquinos, etc.

Las sanciones estadounidenses que pesan sobre la petrolera estatal venezolana y sobre los capitostes del régimen alentaron en Washington un intenso cabildeo especializado en alivio de sanciones. El funcionariado del interinato vive, desde luego, en el exilio y ha supuesto para Estados Unidos gastos de funcionamiento que, supongo, habrán de amortizarse cuando llegue la liberación.

La historia futura del derecho administrativo latinoamericano tendrá en las complejidades del interinato de Juan Guaidó tema para muchos seminarios de posgrado. En especial aquí en Colombia, legendaria comarca de juristas de “racamandaca” donde, además, se halla “Monómeros”, una poderosa planta petroquímica colombo-venezolana.

El mismísimo “canciller” del interinato, el doctor Julio Borges, destacado en Bogotá, hubo de apartarse, algo remolonamente, del cargo. Sumó así, al fin, su voz a denuncias que partieron de la misma oposición: “Monómeros” era, y al parecer sigue siendo, vampirizada financieramente por los cuatro partidos de interinato hasta el extremo de llevarla a la quiebra. Todo en menos de un par de años.

Frente a las denuncias, tanto el gobierno interino como la Asamblea Nacional que lo designó se condujeron como si en verdad fuesen un Ejecutivo y un Legislativo normales en un país latinoamericano “de a de veras”: Guaidó se mostró apenas preocupado, y emitió desmañados decretos de reestructuración gerencial que nadie acató mientras su Legislativo, elegido en 2015, jugaba bádminton con las normas de su propia vigencia en un país ya hecho a la duplicación de instituciones: presidencias, asambleas, tribunales supremos.

Es cruel el espectáculo que brinda la política opositora en Venezuela, atenta solamente al esperpento de los diálogos de México, a unas todavía espejeantes elecciones presidenciales en 2024, mientras la tragedia humanitaria del país y su crisis migratoria no encuentran en los partidos paladines que al menos la mitiguen, sino pícaros que saquean las empresas públicas con empeño comparable al de quienes dicen adversar.

Los fertilizantes, el núcleo del negocio de “Monómeros”, escasean hoy en todo el mundo y se anuncian como asunto prioritario en la administración de Gustavo Petro. El nuevo Gobierno tomará, indefectiblemente, cartas en el cenagoso asunto y, quieras que no, conoceremos los nombres y la filiación partidista de los responsables.

El caso “Monómeros” acrecentará aún más el descrédito de los partidos opositores y el desánimo de millones de venezolanos.