No hay suficiente protección para los hijos de las mujeres asesinadas en México

He escrito en prensa sobre Derecho en diversas ocasiones. La mayor parte relacionadas con mi actividad como abogada laboralista en Barcelona (España). Soy, en general, una abogada bastante aburrida que estudia Derecho cada día, negocia, va a juicio y habla con clientes. Sin embargo, mi vida ha cambiado radicalmente desde el pasado 21 de mayo. Hace justo un mes, mi hermana, Cecilia Monzón, fue asesinada.

Todo empezó una mañana de mayo en Puebla, México, cuando ya era tarde en España. Sin venir a cuento, Cecilia subió un post en su cuenta de Twitter sobre Los Mandamientos del Abogado (1949) de Eduardo J. Couture. El cuarto, al que se refería mi hermana, se titula ‘Lucha’. “Tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia; lucha por la justicia”, decía Couture. Esa misma mañana, dos sicarios la asesinaron, seis balazos acabaron con una vida ejemplar que había puesto su tiempo al servicio de las mujeres y los derechos humanos en México como abogada y activista, además de política.

De golpe, hay un menor de cuatro años sin madre. Mi sobrino. Un niño que también es víctima de este feminicidio atroz y que nunca ha convivido con su padre biológico, Javier López Zavala, político y presunto autor intelectual del asesinato, ―tengo plena convicción de los cargos―, quien ahora se encuentra detenido. Un hombre que no solo lo ha despreciado a nivel afectivo desde su nacimiento, sino que no cumple obligaciones de alimentos. Un padre biológico que había sido demandado por mi hermana por impago de la pensión alimenticia en el ámbito familiar, y contra quien Cecilia había abierto una causa penal en la que le imputaba un delito de violencia familiar, a la que ahora se suma la imputación por el delito de feminicidio. Sin embargo, eso no es suficiente para que pierda la patria potestad respecto a mi sobrino, tampoco importa que mi hermana, mi sobrino, mis padres y yo tengamos nacionalidad española, la ley local es la que aplica en este caso.

Cuando los abogados de mi familia contactaron con el padre biológico, le manifestaron nuestro deseo de mantener la custodia de mi sobrino. La primera reacción que tuvo fue intentar negociar. A cambio de la custodia, él pedía, entre otras cosas, que me presentase ante los medios y limpiara su imagen.

¿Saben por qué? Porque él parte de una justicia machista y patriarcal, y la verdad, tiene bases para ello. De acuerdo con la legislación local vigente, este padre biológico imputado por feminicidio mantiene sus derechos de patria potestad.

Tenemos opciones legales, la primera es asegurar la guardia y custodia basándonos en el interés superior del menor, que claramente está con nosotros, ya estamos trabajando en esto. Después vendría un procedimiento adicional para privar al padre biológico de sus derechos de patria potestad. Porque el Código Civil del Estado de Puebla y la ley local de enjuiciamiento criminal no prevén ni la suspensión ni la pérdida de la patria potestad como consecuencia del feminicidio de mi hermana.

Por ejemplo, en España, existe una ley que otorga protección a la víctima de violencia de género a nivel nacional y que incluye a los menores como víctimas. Dicha normativa, comporta que, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, un padre imputado en un procedimiento de violencia de género, malos tratos o feminicidio vea suspendida la patria potestad desde el momento de la imputación. No sería algo a solicitar por mi parte, se dictaría de oficio en el propio procedimiento penal.

Existe además una instrucción de la Fiscalía española, muy reciente, diciendo que la Fiscalía evitará que haya derechos de custodia para los padres imputados en delitos de violencia de género. Además, en el año 2021, la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en el Convenio de Estambul de protección a las mujeres víctimas de violencia vicaria (núm. 210 del Consejo de Europa, del que es parte México) instó a los Estados de la Unión Europea a que, en casos de violencia de género, se promueva que la custodia permanezca en el lado materno, como ya ocurre en el caso español.

Desafortunadamente en México, muchas víctimas vivimos un calvario, pues el Convenio de Estambul no ha sido utilizado para cambiar nada respecto a la patria potestad. A esta familia le tocan dos procedimientos familiares para privar de la patria potestad al presunto asesino, además de soportar las causas penales. Aquí, el padre que no es padre —pero es hombre— parece tener más derechos que la madre asesinada y su familia, y no podemos guardar silencio al respecto. Por Cecilia Monzón y por las mujeres en México, tenemos que seguir haciendo ruido, exigiendo que los tribunales y el poder Legislativo hagan su parte.

* Helena Monzón es abogada y hermana de la activista por los derechos de las mujeres Cecilia Monzón, asesinada en Puebla, el pasado 21 de mayo.