El desacuerdo de Argelia

Las explicaciones que ofreció Pedro Sánchez el miércoles en el pleno del Congreso sobre la nueva posición española en relación con el Sáhara Occidental evidenciaron la soledad política del presidente ante un giro histórico que solo apoyó el PSOE, pero también tuvieron una respuesta política por parte de Argelia. Horas después de la comparecencia de Sánchez, la presidencia argelina hizo pública una nota oficial en la que rechaza la posición de España favorable a la propuesta de Marruecos para crear una autonomía para el Sáhara Occidental. Argelia acusa al Gobierno español de violar la legalidad internacional y de incumplir las obligaciones “que le impone su estatus de potencia administrativa” de la antigua colonia bajo la acusación de contribuir “directamente a la degradación de la situación en el Sáhara Occidental y en la región”. El gesto político ratifica el rechazo de Argelia hacia lo que considera un “giro injustificable” de Pedro Sánchez y reprueba que el Ejecutivo español haya apoyado la solución que defiende Marruecos.

Lejos de rebajar la tensión con el país africano, los dos meses transcurridos desde que se hizo pública la nueva posición española la han agudizado. La llamada a consultas del embajador de Argelia en Madrid, al día siguiente de que el Palacio Real hiciera pública parte de la carta de Sánchez al monarca alauí, fue el primer gesto. El segundo y más grave ha sido la suspensión con carácter inmediato del acuerdo de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que suscribieron ambos países hace veinte años. Pese a las palabras conciliadoras del Ejecutivo español el miércoles por la tarde sobre las buenas relaciones con un país “vecino y amigo” y “socio sólido y fiable”, el comunicado de Argelia evidencia un nuevo nivel en el conflicto con un país del que España recibe gran parte del gas que consume y cuya colaboración en materia de inmigración irregular es casi tan necesaria como la de Marruecos.

El comunicado argelino llega cuando la diplomacia española lograba reconducir las maltrechas relaciones con Marruecos, preservar “fuera de toda duda” la soberanía española de Ceuta y Melilla, según dijo ayer Sánchez, y reabrir en ellas una frontera que pudiera permitir el comercio normal. Desde el primer momento, la gestión del cambio de posición en relación con el Sáhara Occidental ha estado dominada por la opacidad y por un posible error de cálculo. La aceptación de la posición de Marruecos sobre la antigua colonia sigue sin estar explicada con claridad y con los detalles que exige la relación emocional de buena parte de la sociedad española con el pueblo saharaui. Los 47 años que dura el conflicto evidencian la dificultad de resolverlo, pese a la activa participación de la ONU, pero esa no es razón suficiente para renunciar a seguir buscando fórmulas capaces de garantizar mejores condiciones de vida para la población del Sáhara Occidental. Ahora se suma la evidencia de una gestión confusa de las relaciones con dos vecinos enemistados entre sí, como son Marruecos y Argelia, pero a la vez cruciales en las relaciones internacionales de España con el norte de África. En alguna medida, el conflicto actual revela indirectamente la subordinación histórica del Sáhara Occidental a los intereses geopolíticos de Estados con intereses propios y ajenos a sus auténticas necesidades. Sánchez aseguró que las resoluciones sobre el Sáhara Occidental han de ser consensuadas y aceptadas por las partes, incluido el Frente Polisario, y en el marco de la ONU, pero hoy la solución del conflicto parece alejarse un poco más.